En la puerta del Comcar, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay, un grupo de familiares le reclamó a legisladores que tratan temas penitenciarios en el Parlamento. “¿Vas a ir al 11? ¿Tenés el corazón sano?”, preguntó uno de ellos a la senadora oficialista Bettiana Díaz. Se refiere al módulo en el que acababan de morir cuatro personas por un incendio intencional.
“¿Sabés por qué pasa esto? Porque ahí, donde están esos privados de libertad, no puede haber ni perros. Eso es una violación a los derechos humanos. Cualquier persona, aún habiendo cometido lo que haya cometido, en ese lugar no pueden tener preso a nadie”, le reclama un hombre a la legisladora en la puerta de la cárcel.
El hombre siguió describiendo: “No tienen baño, no tienen agua. ¡El excremento corre por donde están las visitas!”.
Otra vez las cárceles uruguayas aparecen en los focos principales de la opinión pública, tras la muerte de cuatro presos. El incendio intencional ocurrió nueve meses después de otra situación similar: en septiembre de 2024 hubo seis presidiarios muertos tras ser encerrados en una celda y prendidos fuego.
El incidente ocurrió poco después del mediodía de este lunes, cuando se desató un conflicto entre presos de dos celdas contiguas. El enfrentamiento venía motivado desde hacía varios días e incluso llegó a ocasionar peleas en el patio, reconstruye una nota del diario local El País.
En medio de la pelea, los presos lograron romper los candados de la celda y salieron de allí con cortes carcelarios. Cuando vieron la situación, funcionarios de la cárcel fueron al lugar pero no pudieron ingresar: los privados de libertad colocaron colchones para evitar la munición no letal.
Cuatro de los presos decidieron resguardarse, pero en ese momento se dio un ataque que derivaría en la muerte: los agresores arrojaron un trozo de un colchón en llamas. El fuego se propagó de manera rápida, como explicó en una conferencia de prensa la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, a cargo de las cárceles en el país.
Cuatro policías y una funcionaria penitenciaria eran quienes se debían de ocupar de todo el módulo. Tres de ellos fueron retirados del lugar con mascarillas porque sufrieron una intoxicación.
Los cuatro integrantes de la celda que murieron son Luciano Flores dos Reis (23 años), Emanuel Alexander Porciúncula Martínez (27 años), Yony Francisco Sosa Caballero (34 años) y Walter Javier Ocampo Ifraín (47 años).
Los nueve presos que integraban las celdas donde se encontraban los rivales de los fallecidos son indagados en el caso. La jerarca del INR –la oficina a cargo de las cárceles en el país– señaló que no hay evidencias de que exista un “conflicto entre bandas”, pero sí “entre celdas”.
Tras la noticia, el ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a una conferencia de prensa. “El problema que tienen las cárceles y que motivan este tipo de episodio es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de unas de las tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor tasa de presos en términos relativos en toda América Latina”, expresó.
El ministro dijo que es necesario un “diálogo profundo” con todos los actores del sistema político para encarar una “reforma seria y responsable” del sistema carcelario.
El jerarca del gobierno de Yamandú Orsi atribuyó parte de este problema a la política implementada por la administración de Luis Lacalle Pou quien, según él, vio “en la cárcel la única solución de los problemas”.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, viene alertando desde hace tiempo del hacinamiento que existe en las cárceles. “La señal es muy clara: hay que reformar el sistema, pensar en dimensiones diferentes”, expresó, tras la muerte de los cuatro presos.
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