La Justicia de Bolivia ratificó que Evo Morales no podrá competir en las elecciones presidenciales de agosto

Un tribunal constitucional de Bolivia ratificó este jueves que el ex mandatario Evo Morales no podrá presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto.

Pese a su insistencia por competir en los comicios de este año, la Justicia boliviana emitió en las últimas horas una nueva resolución que recuerda que la Constitución limita la posibilidad de reelección a un solo mandato consecutivo, una cláusula que Morales ya ha cumplido, y, por tanto, no es una figura política viable para un nuevo período al frente del país.

Por el contrario, los magistrados sí confirmaron que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y figura destacada dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) que cuenta con el apoyo de Luis Arce, sí podrá aspirar a la presidencia de Bolivia, a pesar de haber tenido ciertas dificultades para inscribir su partido, semanas atrás.

En este contexto de persistente rechazo a su voluntad, Morales llamó a sus seguidores a movilizarse y presionar la Gobierno para conseguir su inscripción.

Así, desde hace semanas se han registrado bloqueos de carreteras y reivindicaciones públicas que exigen su habilitación como candidato, así como la renuncia de Arce.

Roberto Ríos, ministro de Gobierno, aseguró que las acciones de Morales se interpretan como un intento deliberado de “tumbar al gobierno elegido democráticamente” y de anular las elecciones para conseguir un nuevo proceso electoral que le permita una posible vuelta al poder, ignorando las restricciones constitucionales.

Es por ello que aseguró que se emplearán todos los recursos necesarios, incluyendo la posibilidad de recurrir a la fuerza pública, para garantizar que los comicios se realicen conforme al cronograma establecido.

Por su parte, en las últimas horas, el ministro de Justicia, César Siles, sostuvo que “lo único que pretende Evo Morales es habilitar una candidatura a la que no está habilitado constitucionalmente” y dijo que presentará una denuncia penal contra Morales por estas acciones.

Precisamente, los cargos serán por terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones constitucionales y atentados contra la seguridad del transporte y la libertad de trabajo, basados en las interrupciones ocasionadas por las movilizaciones.

Cada una de estas acusaciones está contemplada dentro de la Ley del Régimen Electoral, que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por ellas.

Asimismo, a ello se sumó, la víspera, un video en el que un hombre con el rostro cubierto y la voz distorsionada amenazó con la cancelación de las elecciones si Morales no participa en ellas.

El hombre dirigió sus palabras a Arce, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional (TCP), sumó tener conocimiento detallado de las sesiones de los tribunales involucrados y prometió hacer lo necesario para lograr la candidatura de Morales, a quien califican como el “candidato del pueblo boliviano”.

Enseguida, el TSE ordenó el inicio de una acción penal contra los autores de este material que, se presume, serían seguidores del cocalero.

Ante estos señalamientos, el ex Presidente acusó al Gobierno de lanzar una “persecución” en su contra, que incluye la “fabricación de casos” y la creación de “falsos testigos”, con el objetivo de sustentar sus acusaciones e impedir su participación en la esfera política.

“El pueblo se levanta no solo por mi candidatura, sino por la crisis, el hambre y la injusticia que vive Bolivia”, escribió en su cuenta de X.