Las recientes medidas adoptadas por ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, han acaparado la atención debido a su impacto negativo en la economía de la población cubana. El alza en las tarifas de los servicios de internet y la restricción de gigabytes que se pueden pagar en moneda nacional pasan a ser parte fundamental de una estrategia que parece buscar más beneficios económicos para el régimen vigente, en lugar de satisfacer las necesidades básicas de conectividad de los ciudadanos de la isla.
Según detalla el medio Diario de Cuba, desde el pasado viernes, las recargas del saldo principal del servicio móvil prepago están limitadas a un monto total de 360 pesos cubanos (CUP) durante 30 días. Una vez consumido este saldo, los usuarios deben enfrentar un coste de 3.360 CUP para obtener tres gigabytes adicionales, cifra que supera el salario mínimo en 1.260 CUP y es más del doble de las pensiones que perciben miles de jubilados cubanos.
Este movimiento de ETECSA se enmarca dentro de un contexto más amplio de crisis económica en Cuba, exacerbada por la caída de ingresos en sectores clave como el turismo y las remesas. La realidad es que muchos cubanos dependen de la diáspora en el exterior para sostenerse económicamente, lo que coloca a los familiares que residen fuera del país en una posición de presión financiera añadida por estas políticas tarifarias. La limitación de las autoridades cubanas en maximizar el potencial de ingresos a través de vías internacionales impone también un desafío considerable a las nuevas medidas que buscan recaudación adicional dentro de un mercado interno constreñido.
El entorno político no es ajeno a estas decisiones económicas. El acceso limitado al internet no solo representa un desafío económico, sino que afecta la libre circulación de información. Las estrategias del régimen buscan restringir la exposición de los ciudadanos a contenidos críticos o independientes que puedan cuestionar el régimen existente. Se ha observado un aumento en la dureza de las leyes represivas, y la dictadura ha ejecutado apagones del servicio de internet que no dependen de problemas eléctricos, lo que implica un control deliberado de la conectividad.
El inicio del siglo XXI trajo consigo una revolución en términos de tecnología de la información y comunicación. Desde la expansión del internet hasta el desarrollo de dispositivos móviles avanzados, estas herramientas han transformado las sociedades y economías a nivel mundial al permitir nuevas formas de trabajo y educación. En el caso de Cuba, una infraestructura de internet moderna podría abrir puertas a una economía del conocimiento, permitiendo que profesionales como economistas, científicos, o médicos colaboren internacionalmente sin necesidad de emigrar. Podrían surgir ofertas laborales remotas, lo cual incluiría la telemedicina o la asesoría empresarial, integrando a la diáspora de manera virtual pero efectiva en el desarrollo nacional.
Sin embargo, GAESA, el conglomerado económico vinculado directamente al poder político en Cuba, percibe a la tecnología no como una oportunidad sino como un riesgo a su control totalitario. ETECSA cumple su papel como “cancerbero”, según su descripción, vigilando y limitando cualquier posibilidad de que el acceso a internet se convierta en una herramienta de empoderamiento social, prefiriendo que el servicio continúe siendo uno de los más deficientes y costosos del mundo.
Históricamente, las élites cubanas han tenido periodos de apertura hacia nuevas tecnologías y modernización, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Durante esos años, el enfoque estaba en modernizar la economía, introduciendo tecnologías avanzadas para diversificar las capacidades productivas de la isla y disminuir su dependencia del trabajo esclavo. Contrariamente, la visión de la actual clase dirigente es más conservadora, enfatizando el control sobre el acceso a la información como un mecanismo de estabilidad política.
El acceso restringido a internet impacta profundamente en las expectativas de modernización de la sociedad cubana. Un acceso más amplio y asequible permitiría a los ciudadanos inscribirse en programas educativos internacionales, desarrollar habilidades acordes al siglo XXI y crear un capital humano preparado para integrar e interaccionar con la economía global. La exportación cultural, empresarial y profesional podría florecer a través de plataformas digitales, creando nuevas fuentes de ingresos y progresivos intercambios culturales.
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