La misión de observación electoral de la Unión Europea para Guatemala acusó este viernes a la Fiscalía de intimidar y silenciar a los actores “defensores de la democracia”, que chocan con sus intereses.
Durante una conferencia de prensa, Jordi Cañas, jefe del grupo encargado de hacer un seguimiento sobre el país, cargo contra la “corrupta” y “antidemocrática” fiscal general, Consuelo Porras, y la responsabilizó de liderar estas maniobras contra las voces disidentes en el país centroamericano, que datan desde por lo menos 2021.
“El Ministerio Público continúa su estrategia de intimidación, que tiene como objetivo amedrentar a los actores y operadores políticos, jurídicos, miembros de la sociedad civil, observadores electorales, responsables de los pueblos ancestrales, periodistas y, en definitiva, todo aquel que sea un defensor del marco democrático en Guatemala”, apuntó Cañas.
Así, sumó, lejos de cumplir con sus funciones, “la intención (de la Fiscalía) es clara: extender el miedo a consecuencias penales que paralicen, silencien a los defensores de la democracia”.
Es por ello que el ex eurodiputado consideró que las elecciones previstas para 2026, en las que se definirán los nuevos magistrados del tribunal electoral, la corte constitucional y la fiscalía general, “constituyen una oportunidad para normalizar la situación político-electoral del país”, aunque insistió en que será clave que Guatemala implemente las recomendaciones que su Misión hizo tras los comicios de 2023, para mejorar el sistema de votación.
En línea con los comentarios de la Unión Europea, la semana pasada, la relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cargó también contra Porras y la instó a poner fin a la “criminalización” de personas que “luchan contra la corrupción” en el país centroamericano.
“La información que he recibido demuestra que el Ministerio Público ha implementado una política de criminalización (contra) grupos específicos”, principalmente con acciones penales y acoso sobre aquellos que “han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos del poder”, dijo la relatora tras una visita de 12 días a Guatemala, en la que evaluó la situación del sistema judicial.
Inclusive, apuntó que las más de 60 denuncias que el Ministerio Público ha presentado contra funcionarios de Justicia se basan en “acusaciones vagas”, repetitivas y “demasiado amplias, inadecuadamente relacionadas con los hechos”, evidenciándose así el acoso y la persecución, y desacreditando a Porras, quien dice ser víctima del Gobierno.
“El Ministerio Público no actúa por presiones ni por agendas ajenas a su mandato, nos guía únicamente la ley y esperamos lo mismo de quienes nos observan: Respeto a nuestra independencia, a la institucionalidad guatemalteca y apertura al diálogo responsable“, respondió Porras, por su parte.
El accionar de la Fiscalía quedó expuesto en las elecciones presidenciales de 2023, en las que Bernardo Arévalo venció a la alternativa del entonces oficialismo de Alejandro Giammattei.
En un intento por impedir el traspaso de mando, Porras y su equipo -sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea- emprendieron todo tipo de medidas en su contra, desde la anulación del Movimiento Semilla hasta allanamientos y cuestionamientos a los resultados electorales.
Sin embargo, sus prácticas se remontan, incluso, a años previos, con la persecución de activistas, políticos y periodistas opositores, a los que acusó falsamente y, en muchos casos, hasta encarceló.
Algunos de ellos son el periodista José Rubén Zamora, el ex fiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán.
(Con información de AFP y EFE)
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