Organizaciones presentan demanda para anular el contrato de la megaobra de agua potable en Uruguay

En el sistema político uruguayo hay consenso en que es necesario encontrar una solución para mejorar el abastecimiento del agua potable en Montevideo. Hay un antecedente cercano que ratifica algunas alertas: en 2023, hubo días en los que el agua salió salada de los grifos. Pero hay diferencias en el cómo.

El gobierno de Luis Lacalle Pou buscó como solución al Proyecto Neptuno. Está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y la tubería.

Una de las últimas decisiones de la administración de Lacalle Pou fue la firma de este acuerdo.

Además de los reparos que hay a la iniciativa de parte del gobierno, se le suma el rechazo de algunas organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, algunos grupos presentaron una demanda judicial para pedir la nulidad del contrato firmado, informó La Diaria. Estas herramientas jurídicas son impulsadas por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el colectivo Tucu-Tucu de San José y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Esta no es la primera demanda que las organizaciones presentan, pero definen que la situación es distinta en la actualidad.

“Ya no se discute un contrato proyectado, sino que impugna un contrato consumado, celebrado con total desprecio por el debate democrático, la transparencia y la participación ciudadana. Un contrato que es nulo de pleno derecho y lo promovemos desde la convicción profunda de que ningún contrato entre el Estado y un consorcio de empresas privadas puede prevalecer sobre el pacto fundamental que el Estado ha suscrito con su pueblo”, argumentan los promotores de la demanda.

El escrito presentado asegura que está en riesgo el “pacto democrático que consagra el agua como bien común, y su gestión como una obligación indelegable del Estado”.

Las organizaciones sociales aseguran que el proyecto Neptuno “no es una mera obra de infraestructura que padece de irregularidades: es un contrato nulo desde su origen, por violar normas constitucionales”. De concretarse el proyecto, las organizaciones advierten que se están privatizando “funciones esenciales del servicio de abastecimiento de agua potable”.

“Al delegar en un consorcio privado la operación de la toma de captación de agua bruta, el reservorio y el mantenimiento de todo el sistema –fase críticas del ciclo– y el diseñar un esquema financiero que convierte un servicio pública en una fuente de rentabilidad garantizada para capitales privados, determina una infracción flagrante al orden público constitucional”, argumentan los promotores de la nulidad en el escrito.

Además de los argumentos basados en la Constitución, los críticos del proyecto aseguran que el contrato es “una contravención directa a los lineamientos de lo legislado en materia ambiental”.

El gobierno de Yamandú Orsi está trabajando en la renegociación de este contrato y resolvió dejar en suspenso la megaobra durante 90 días.

La administración de Orsi reconoce que son necesarias obras y acciones para garantizar el abastecimiento del agua potable para la población del área metropolitana hasta el 2035. Sin embargo, el programa del Frente Amplio establece que la prioridad es otra obra: la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida, sobre un afluente de agua dulce. Esta obra daría “suficiente agua bruta” para los habitantes de la capital uruguaya, según declaró el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, admitió, en una comparecencia al Parlamento, que es necesario “reducir el riesgo de falta de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. “Todos conocen la agenda de proyectos que están sobre la mesa. Ese es un mandato de este gobierno; es imposible que deje pasar los cinco años sin haber tenido una solución para este tema, por lo que ya quedó de manifiesto en la crisis de sequía que tuvimos”, dijo Oddone.