Los cuatro de Guayaquil: militares admitieron haber torturado a los menores

La investigación por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad de Las Malvinas, un barrio del sur de Guayaquil, ha revelado escenas de extrema crueldad. Los chicos –identificados como Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) e Ismael Arroyo (15) – fueron detenidos de manera irregular en un operativo militar la noche del 8 de diciembre de 2024. Sus cuerpos calcinados aparecieron el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, Guayas. En este caso la Fiscalía ha imputado a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusándolos de desaparición forzada y asesinato.

En las reconstrucciones recientes del hecho varios de los procesados admitieron haber sometido a los niños a brutales agresiones antes de matarlos. La diligencia registró que los menores soportaron “correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotadas en el suelo, la aplicación de llaves de lucha y la detonación de un disparo a pocos centímetros” de distancia, según reportó Primicias. Incluso uno de los militares relató que un suboficial (cabo) los bajó violentamente de una camioneta para tirarlos al piso, partiéndole la cabeza a uno de ellos: “El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear” . Estas versiones confirman que los cuatro menores fueron torturados físicamente antes de ser ejecutados. Los militares aseguran que los abandonaron con vida y se desmarcan del posterior asesinato.

Los testimonios en las actas de la audiencia más recientes, disponibles en el Sistema de Procesos Judiciales, y revisados por Infobae, dan más detalles de esa noche atroz. Por ejemplo, el testigo protegido clave Luis T. describió el estado en que encontró a los niños tras su detención: “Estaban golpeados todos. Uno tenía partida la cabeza” y añadió que él mismo les dio ropa interior porque “estaban desnudos”. Este testimonio anticipado (del 16 de enero de 2025) coincide con la reconstrucción: los menores fueron encontrados desnudos y con golpes graves, lo que obligó a sus rescatistas a cubrirlos antes de socorrerlos. Otro dato notable es que en las actas se refleja el miedo de la familia: un allegado declaró que no denunció antes por temor a represalias, pues “había sido víctima de amenazas” por parte de los acusados.

Los acusados mantienen otra versión de los hechos. Según Primicias, un subteniente de la FAE relató que su misión original era patrullar en Durán, pero fue desviado esa noche a Guayaquil para “custodiar un camión con mercancías y papas”. Después de detener a los menores, los militares aseguran haberlos “liberado” sanos y salvos en Taura. Sin embargo, la versión oficial choca con la evidencia: el tribunal observó que las víctimas fueron sometidas a “privación de libertad sin causa probable”. Además, un testigo confirmó que no las habían liberado sanas ese 8 de diciembre. Tres semanas después, los chicos aparecieron calcinados en esa misma parroquia.

En las actas de la audiencia de apelación también se registraron otros argumentos de la defensa. Por ejemplo, se sugirió que los menores podrían haber sido asesinados por supuestos miembros de un “GDO” (grupo delictivo organizado) ajeno a los militares, una hipótesis que busca desligar a los acusados de la muerte de los niños. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía y los tribunales dan crédito a la línea de desaparición forzada. El 20 de febrero de 2025 la justicia ratificó la prisión preventiva de los 16 militares. En esa audiencia el juez destacó la crueldad del caso: el mismo documento judicial corrobora que las víctimas fueron encontradas golpeadas y desnudas.

En medio de las revelaciones que han estremecido al país, Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por los Derechos Humanos –organización que asiste a las familias de los menores–, reiteró que la ejecución de los cuatro menores no fue un hecho aislado ni accidental. A través de su cuenta de X, denunció que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, impuso una “impunidad institucional” que obligó a los 16 militares imputados a mentir tanto al país como a la Fiscalía.

Bastias afirmó que los adolescentes no fueron “dejados sanos y salvos”, como se sostuvo inicialmente, sino que fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual. Además, señaló que lo ocurrido fue la aplicación deliberada de una política de “mano dura” contra poblaciones empobrecidas y racializadas, y denunció que este patrón sistemático de las Fuerzas Armadas ha puesto en riesgo la vida de varias personas en Ecuador. En su pronunciamiento, el abogado sostuvo que los agentes del Estado no pueden cometer crímenes para combatir la inseguridad y advirtió que todos los responsables deben ser judicializados.