
Consternado se encuentra el país tras un reportaje que dejó al descubierto el caso de una niña de solo 8 años de nacionalidad boliviana que fue vendida por su abuela a un matrimonio chileno, el que la mantenía realizando trabajos forzados en una “toma” o campamento irregular en la comuna de Rengo, región de O’Higgins (118 kms al sur de Santiago).
La investigación de Teletrece reveló que la pareja pagó en Bolivia alrededor de USD 350 y que la menor fue internada en Chile por un paso irregular. Según el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, “se le privaba de comida, se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie”.
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“No estudiaba y todos los días debía despertarse a las cuatro de la mañana para comenzar a preparar la jornada de la familia, que residía en una vivienda precaria a orillas del río Claro, y hacer las camas y la limpieza del lugar”, agregó el persecutor.
La niña no tenía ningún tipo de documento de identidad, no estaba registrada ni en Bolivia ni en Chile y jamás había asistido a una escuela.
“En la práctica, ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta”, detalló Yáñez.
Su desgarradora situación fue alertada por vecinos de la pareja, quienes la veían sucia, hambrienta y con señales evidentes de maltrato.
“Supimos que la vecina había visto los golpes que recibió durante varios días y que en varias ocasiones le dio comida porque pasaba sin comer”, remató el fiscal.
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La menor fue rescatada por Carabineros en julio del año pasado, tras una denuncia por presunta desgracia presentada por el matrimonio acusado que se presentó como su familia, y luego internada en un hogar de menores.
Según la nota, meses después la abuela entró a Chile y fue a buscarla a dicho recinto, oportunidad en la que fue apresada por detectives de la Policía de Investigaciones y confesó el horroroso hecho, siendo todos los involucrados formalizados por el delito de trata de personas con fines de servidumbre.

Bolivia busca repatriarla
En paralelo, las autoridades bolivianas confirmaron que ya iniciaron los trámites para repatriar a la víctima.
“Lo que estamos realizando es el cruce de información para disponer la repatriación de la niña. En principio, estamos identificando a la familia de origen. El Estado tiene la obligación de proteger a los niños y la familia también está en ese tema”, aseguró el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa, según el medio boliviano Los Tiempos.
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Por su parte, la diputada Carla Morales, quien representa a la región de O’Higgins, ofició todos los organismos pertinentes -Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez y Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia-, a fin de establecer responsabilidades y recabar información sobre como el Estado chileno previene este tipo de delitos, sobre todo en contextos de migración.
“Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando situaciones tan brutales como esta, donde una niña es vendida por su propia abuela y expuesta a violencia, explotación y abandono total”, sostuvo la legisladora.
“La desprotección institucional y la falta de un sistema de alerta temprana dejan a miles de niños en situación de vulnerabilidad extrema, invisibles para el Estado y expuestos a redes de trata y explotación”, agregó.
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Finalmente, Morales hizo un llamado a “actuar con determinación para proteger a los niños y niñas más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de extrema pobreza y migración”.
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