El Grupo Larrarte no era uno de los fondos ganaderos más conocidos de Uruguay, pero su caída fue el movimiento de la primera pieza del dominó que hizo caer al resto. Después de que se supiera que su negocio no era solvente, también se conocieron los números rojos de República Ganadera y de Conexión Ganadera.
La investigación por estafa que caía sobre este grupo también fue la primera de las tres causas en tener una decisión de la Justicia penal. Este miércoles, la jueza Marcela Vargas definió que el titular de este grupo, Jairo Larrarte, sea imputado por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondo. Mientras espera el juicio, el empresario estará en prisión, en una decisión poco habitual para este tipo de delitos.
Los fondos ganaderos –y, en particular estas tres empresas– se dedican a captar ahorros de inversores particulares para comprar ganado. A cambio, pagaba una renta fija en un negocio que es variable.
Larrarte fue imputado a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos. Está acusado de montar un negocio ficticio en medio de un esquema piramidal que llegó a captar inversiones por USD 12 millones, informó El Observador. Los denunciantes fueron 172 inversores. El dinero que perdieron los damnificados es bastante inferior al de las otras empresas. En República Ganadera los reclamos ascienden a USD 70 millones y en Conexión Ganadera a USD 250 millones.
Pero, ¿cuáles fueron las maniobras de Larrarte que lo llevaron a estar imputado? El fiscal Franco López explicó que el empresario transmitía a los inversores una “realidad falsa” de un negocio que supuestamente era exitoso. A ellos les ocultaba la intención de lucro que tenía, para inducirlos a errores de “todo tipo”, de acuerdo a la explicación que dio en la audiencia de este miércoles.
El Grupo Larrarte, en realidad, nunca tuvo la “intención de llevar adelante una actividad productiva organizada” sino solamente de mostrar una apariencia.
El empresario alimentaba ese engaño a través de distintas estrategias de marketing, como la de llevar a los inversores a conocer los campos para mostrarles ganado. Además, montó dos locales elegantes en barrios céntricos de Montevideo y se presentaba en ferias y exposiciones.
Además, según la teoría de la Fiscalía informada por El Observador, la empresa nunca tuvo las cabezas de ganado que decía tener. El mismo Larrarte admitió que nunca llegó a tener los más de 16 mil vacunos que figuraban en los contratos: a lo máximo que llegó fueron a 9 mil cabezas de ganado. Pero su contador tampoco pudo confirmar ese dato.
El fiscal también planteó que Larrarte se apropió del dinero que le fue entregado de parte de los inversionistas para provecho propio. Por ejemplo, el empresario utilizó USD 250 mil para montar un laboratorio dedicado a estudiar la mejora genética del ganado. El dinero lo sustrajo de la empresa para obtener un “beneficio económico para sí mismo”.
Además, solo Larrarte y su pareja tenían acceso al dinero que ingresaba a la cuenta y, desde allí, lo transferían a su cuenta personal.
La jueza Vargas decidió enviarlo a prisión preventiva porque considera que existe un riesgo de fuga. Larrarte vive en Rivera, un departamento uruguayo que está en la frontera con Brasil. “Si usted va a Rivera con tobillera, usted se puede ir [del país]”, le dijo Vargas a Larrarte, al confirmarle que iría a la cárcel.
Luego agregó que una posibilidad es que los USD 12 millones que faltan “no estén en Uruguay”. “Si va a prisión domiciliaria, los puede movilizar”, le dijo. “Sabiendo que el dinero compra a las personas, que usted es una persona audaz para los negocios, el evento que razonablemente [sucederá] a mi juicio es que usted se va a sacar la tobillera electrónica y se va a ir”, explicó Vargas.
Larrarte es, según la jueza, un hombre joven y “brillante”, que maneja bien la tecnología y que desde su casa tendría acceso a medios electrónicos.
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