La Fiscalía de Ecuador formalizó el viernes su acusación contra el ex vicepresidente Jorge Glas y otras ocho personas por presunta malversación en la ejecución de las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos y millonarias pérdidas materiales en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Entre los acusados se encuentran también Boris Córdova y el ex ministro de Obras Públicas, Walter Solís, quien reside en México bajo protección diplomática.
Según la Fiscalía, el dinero recaudado a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que incluyó un incremento del 2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y permitió recaudar más de 1.600 millones de dólares, habría sido utilizado para proyectos que no cumplían los criterios de necesidad, emergencia e inmediatez.
En total, se priorizaron 584 proyectos con un valor de 367 millones de dólares, pero, según la acusación, algunas de estas obras no estaban relacionadas con la reconstrucción y fueron adjudicadas a contratistas y fiscalizadores en un supuesto “abuso de dinero público”.
Jorge Glas, ex vicepresidente durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), enfrenta esta nueva imputación mientras cumple una pena de ocho años de prisión por dos condenas previas por corrupción, dictadas en 2017 y 2020. Actualmente, se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.
Glas fue arrestado en abril de 2024 tras un asalto policial a la Embajada de México en Quito, donde se había refugiado desde diciembre de 2023, luego de que el Gobierno mexicano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le concediera asilo diplomático.
La irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática generó una crisis internacional entre Ecuador y México, con acusaciones mutuas de violaciones al derecho internacional y demandas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El ex vicepresidente ha rechazado todas las acusaciones en su contra y denuncia que es víctima de “lawfare”, término utilizado para referirse al uso del sistema judicial con fines de persecución política.
El caso “Reconstrucción” y la supuesta desviación de fondos
El terremoto del 16 de abril de 2016, de magnitud 7,8, devastó varias localidades de la costa ecuatoriana. Como respuesta, el Gobierno creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, liderado por Glas, para gestionar los recursos destinados a la emergencia.
De acuerdo con la Fiscalía, los ahora acusados habrían influido en la asignación irregular de fondos para proyectos ya planificados antes del terremoto, los cuales fueron financiados con dinero de la Ley de Solidaridad.
“Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto”, sostiene el Ministerio Público.
(Con información de EFE)
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