Un verdadero terremoto político se vivió este lunes en La Moneda tras la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (FA). Y aunque desde el Ejecutivo aseguraron que su dimisión fue voluntaria, lo cierto es que sus cargos pendían de un hilo debido a los fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.
La salida de ambos se suma a la de la ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD), quien renunció la semana pasada para asumir su candidatura a las presidenciales de noviembre próximo, y en su reemplazo el gobierno designó a Adriana Delpiano (PPD) en la cartera de Defensa y a Felipe Melo Rivara, exdirector del Servicio Civil, al mando de los asesores del segundo piso en la casa presidencial.
Fernández y la casa de Allende
La caída de Maya Fernández comenzó cuando se destapó la noticia de la frustrada venta de la casa de su abuelo -el expresidente Salvador Allende-, al Estado para convertirla en un museo, inmueble cuya propiedad comparte con su tía, la senadora Isabel Allende (PS), hija del fallecido mandatario.
Ello, puesto que la Constitución prohíbe expresamente a cualquier autoridad en ejercicio celebrar contratos con el Estado.
Así las cosas, la ahora exministra tenía al menos cuatro flancos abiertos que hacían inviable su permanencia: un juicio político por parte de la oposición que estaba ad portas y cuyo resultado se veía incierto; una investigación del Ministerio Público en la que Fernández había optado por guardar silencio; una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y una solicitud de remoción acogida en segunda instancia por el Tribunal Constitucional, la semana pasada.
Los cuestionamientos a Crispi
La salida de Miguel Crispi también se veía venir, puesto que desde que asumió el cargo en 2022, el ahora exjefe de asesores de Boric había sido duramente criticado por moros y cristianos por el manejo de la distintas crisis que ha debido sortear el Gobierno de Boric.
Sin duda la gota que colmó el vaso fue su negativa este lunes a responder las preguntas del diputado Miguel Mellado (RN) en la Comisión Investigadora por el Caso Monsalve -el defenestrado exsubsecretario de Interior hoy en prisión preventiva acusado de violación por una subalterna-, quien terminó la sesión abruptamente y pidió de inmediato sanciones en su contra.
“Crispi no quiso entregar la información que le requerimos, a pesar de que la misma Contraloría había indicado que debía hacerlo. Insistentemente, le preguntamos lo mismo y se escudó en su contrato. Pero aquí el punto es claro: él es el niño símbolo del silencio del Gobierno en el caso Monsalve”, acusó Mellado.
Crispi también era apuntado por su responsabilidad en no prever a tiempo la crisis que enfrentó el Gobierno tras destaparse el Caso Convenios a mediados de 2023, un millonario fraude de traspasos directos desde fondos públicos a la fundación oficialista Democracia Viva.
También fue emplazado por la contratación de su esposa, Olivia Contreras, en el Museo Interactivo Mirador (MIM), con un sueldo superior a los USD 1.500 a pesar de que no tener estudios ni experiencia en el área, y por una reunión que tuvo en diciembre de 2023 con un alto directivo de la empresa Huawei, en la que participó un abogado de la oficina de Luis Hermosilla, cuyo Iphone 14 destapó el Caso Audios, una trama de favores políticos y cohecho que salpicó a políticos, empresarios y hasta ministros de la Corte Suprema.
Hermosilla, actualmente en prisión preventiva en Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata-, era el abogado defensor de Cripi en el Caso Convenios.
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