La Policía de Nicaragua reiteró este miércoles su lealtad a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se comprometió a perseguir a las voces disidentes, que desafíen su poder.
Durante un acto de juramentación de oficiales voluntarios en la provincia de Chontales, el director de la Policía, Francisco Díaz, prometió que todos los miembros de las fuerzas de seguridad trabajarán por evitar nuevos estallidos sociales en el país, en especial como los ocurridos en 2018.
En abril de aquel año, unas polémicas reformas a la seguridad social impulsadas por Ortega desencadenaron masivas protestas en las calles de todo el país, que fueron violentamente reprimidas y dejaron a entre 355 y 684 personas muertas, según cálculos de diversos organismos.
El régimen sostiene que se trató de un intento de “golpe de Estado” impulsado por la Administración de Donald Trump y varias ONG que, con “la tecnología que ya se desarrollaba en aquellos años”, buscaron “acabar” con su gobierno.
Sin embargo, este miércoles, Díaz se comprometió a defender al país de la “jauría internacional” y aseguró que “continuaremos protegiendo la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes, la convivencia social, el derecho de nuestro pueblo a trabajar y vivir en paz”.
“No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018, en el intento fallido de golpe de Estado”, insistió.
Las palabras de Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, se produjeron poco después de que se aprobaran en el Parlamento los cambios a la Constitución Nacional, que contemplan -entre otros- la creación de un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía.
Específicamente, la nueva Carta Magna establece la creación de la Policía Voluntaria, con miles de oficiales, “con rango constitucional, conformada por compañeros, compañeras nicaragüenses, que prestan sus servicios de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad”, explicó Díaz, sin mencionar que, en realidad, este esquema viene operando de manera no oficial desde hace años y que, de hecho, estuvo a cargo de las tareas de aquel abril.
Es por ello que muchos han advertido de que se trata en realidad de la incorporación de más fuerzas parapoliciales y paramilitares, que permitirán al régimen reprimir y perseguir a la oposición con mayor facilidad.
El diario nicaragüense La Prensa bautizó a este grupo como el “Ejército del Terror” y denunció que, en la práctica, equivale a los “colectivos” implementados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, recordó que en el país ya habían existido años atrás los “Grupos de Choque” del Frente Sandinista, que atacaban armados con machetes y piedras a la gente.
En ese sentido, la Oficina de ONU para los Derechos Humanos advirtió que la reforma constitucional “ahondará el retroceso en el área de los derechos políticos y civiles, (...) reforzará los mecanismos de control y represión” y causará una grave erosión en el sistema de control y equilibrio de los poderes que, ya de por sí, es frágil.
“Estos grotescos cambios suponen la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades básicas en Nicaragua”, lamentó Reed Brody, uno de los expertos de Naciones Unidas.
(Con información de EFE)
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