La investigación sobre la desaparición de los cuatro menores en Ecuador comenzó 15 días después pese a las evidencias en video

La desaparición de cuatro niños el 8 de diciembre en Guayaquil, Ecuador, sigue generando conmoción, especialmente tras la revelación de videos de vigilancia donde se observa a soldados deteniendo a dos de ellos.

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), pese a que las grabaciones fueron entregadas a las autoridades un día después de los hechos, la investigación sobre el posible rol de los militares comenzó recién 15 días más tarde, tras la presión pública ejercida por las familias y organizaciones de derechos humanos.

Los menores, Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), desaparecieron luego de participar en una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil.

Las imágenes difundidas esta semana muestran como hombres en uniformes militares detuvieron a dos de ellos cerca de un centro comercial, los golpearon y los subieron a una camioneta.

El martes 19 de diciembre, cuatro cadáveres calcinados fueron hallados cerca de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil.

Según funcionarios, la identificación de los cuerpos podría tardar hasta un mes debido al avanzado estado de carbonización, que impide realizar pruebas dactilares.

Los médicos forenses intentarán extraer fragmentos de ADN de los huesos o dientes para confirmar si se trata de los niños desaparecidos. Además, a los cuerpos se les va a realizar muestras radiográficas y las respectivas autopsias.

El hallazgo de los cuerpos desencadenó el arresto de 16 soldados de la base de Taura, quienes deberán comparecer ante una audiencia el próximo martes, cuando se les formularán cargos por desaparición forzada.

Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, los soldados también serán investigados por un tribunal militar, ya que la patrulla que interceptó a los niños actuó sin autorización. “La responsabilidad de esta operación recaerá sobre quienes infringieron los protocolos establecidos”, afirmó el ministro.

Las familias de los menores, acompañadas por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), proporcionaron información antropológica sobre los niños, como su edad, estatura y características físicas, con el fin de cotejarla con los cuerpos hallados.

Según Billy Navarrete, director del CDH, si las pruebas iniciales no arrojan resultados concluyentes, se procederá a realizar exámenes de ADN, que podrían tardar hasta 30 días. No obstante, el Ministerio del Interior, en colaboración con una universidad extranjera, prometió resultados en un plazo de cinco días.

Una jueza determinó que el caso debe ser investigado como una desaparición forzada con responsabilidad estatal, y subrayó que durante la audiencia del hábeas corpus presentado por las familias, se demostraron incumplimientos de los protocolos militares.

Por su parte, organizaciones estatales y civiles conformaron una mesa de atención integral para casos de uso ilegítimo de la fuerza, con el objetivo de garantizar justicia en este y otros casos similares.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien enfrenta elecciones en febrero, se apoyó en el ejército para combatir la creciente violencia relacionada con el narcotráfico.

Sin embargo, este caso pone en entredicho las acciones de las fuerzas armadas. Incidentes previos, como la desaparición de dos niños en agosto en Los Ríos y la muerte de un joven en un control militar en Guayaquil, también incrementaron las críticas hacia las fuerzas de seguridad.

(Con información de Associated Press y EFE)