La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este miércoles al Estado de Brasil por la desaparición forzada en 1990 de 11 jóvenes afrodescendientes, residentes de la Favela de Acari, así como por graves falencias en las investigaciones seguidas a raíz de esos hechos.
En la sentencia notificada a las partes, el Tribunal halló al Estado de Brasil responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, y por la violación de la obligación de no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas.
“La Corte concluyó que los 11 jóvenes de Acari fueron desaparecidos forzadamente por agentes estatales (...) El Estado no ha realizado una investigación seria, objetiva y efectiva, y orientada a la determinación de la verdad”, cita la sentencia de la CorteIDH.
Además, añade que: “Transcurridos más de 34 años desde la desaparición forzada de las 11 personas y a pesar de las labores de búsqueda y las exigencias de justicia de las madres de las víctimas, a través del movimiento Madres de Acari, los hechos permanecen en absoluta impunidad, desconociéndose el paradero de sus seres queridos o los posibles perpetradores de esta grave violación de derechos humanos”, detalla el documento.
El caso se remonta a julio de 1990, cuando seis policías militares uniformados, quienes serían parte de los Caballos Corredores (uno de los grupos de exterminio que operaba en la favela de Acari y estaba compuesto por policías del 9º Batallón de la Policía Militar de Rocha Miranda), irrumpieron en la vivienda de Edmea da Silva Euzebio y retuvieron a Edson de Souza Costa, Moisés dos Santos Cruz y Viviane Rocha da Silva, les amenazaron de muerte y les exigieron una alta suma de dinero.
Días después, un grupo de aproximadamente ocho hombres encapuchados, quienes también serían parte de los Caballos Corredores, irrumpió en la casa de Laudicena de Oliveira Nascimento, abuela de uno de los jóvenes desaparecidos, diciendo que eran agentes de la policía y exigieron dinero.
Los agentes secuestraron a Wallace Souza do Nascimento, Hedio Nascimento, Luiz Henrique da Silva Euzebio, Viviane Rocha da Silva, Cristiane Leite de Souza, Moisés dos Santos Cruz, Edson de Souza Costa, Luiz Carlos Vasconcellos de Deus, Hoodson Silva de Oliveira, Rosana de Souza Santos y Antonio Carlos da Silva, todos residentes de la favela de Acari. Hasta el día de hoy, se desconoce el paradero de los 11 jóvenes.
Posteriormente, en el año 1993, Edmea da Silva Euzebio, líder del grupo Madres de Acari y madre de Luiz Henrique da Silva Euzebio, y su sobrina Sheila da Conceição, fueron asesinadas en la Estación de Metro de la Plaza 11, en la ciudad de Río de Janeiro.
El homicidio de Euzebio ocurrió poco tiempo después de que ella declaró ante una autoridad judicial sobre la participación de policías en la desaparición de los 11 jóvenes. El proceso penal iniciado por estos homicidios culminó con la absolución de los cuatro policías militares acusados en abril de 2024.
En la sentencia, la Corte aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Brasil y consideró que “tiene un carácter limitado, en virtud de que se refiere a una parte puntual de los hechos y las violaciones alegadas”, cita el texto.
Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado de Brasil continuar con la investigación de la desaparición forzada de los 11 jóvenes de Acari, efectuar una búsqueda rigurosa del paradero de los jóvenes desaparecidos, así como crear en el Barrio de Acari, en la ciudad de Río de Janeiro, un espacio de memoria, entre otras medidas.
(Con información de EFE)
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