En una semana, Ecuador negó la entrada a 19 extranjeros en los aeropuertos de Quito y Guayaquil

Del 25 al 29 de noviembre, el Ministerio del Interior de Ecuador llevó a cabo operativos para garantizar la seguridad a través del control migratorio realizado por la institución, según informó un reciente video oficial. Las acciones abarcaron los principales puntos de ingreso al país. En ese periodo se registraron inadmisiones en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, así como operativos terrestres en Huaquillas, Ambato y Daule.

En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, las autoridades inadmitieron a una ciudadana estadounidense identificada como Cristina, quien tenía activa una alerta Angel Watch. Esta alerta es un mecanismo internacional desarrollado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Este sistema forma parte del programa Operation Angel Watch, creado para prevenir que individuos condenados por delitos sexuales, particularmente relacionados con menores de edad, utilicen viajes internacionales para actividades ilícitas, como el turismo sexual infantil. El programa recopila información de bases de datos estadounidenses sobre personas registradas como delincuentes sexuales. Antes de que un individuo con este historial viaje al extranjero, Angel Watch puede emitir alertas a los países de destino a través de canales diplomáticos y policiales, notificando su historial y posibles riesgos.

Este no es el único caso detectado con la alerta Angel Watch. El 7 de octubre de 2024, Ecuador expulsó a dos agresores sexuales estadounidenses que fueron inadmitidos en Guayaquil. El personal de Migración de Ecuador, al identificar a los individuos, activó el protocolo de cooperación internacional en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Los ciudadanos planeaban establecerse en Ecuador, según informaron entonces las autoridades.

Otro caso destacado fue el de un pasajero que violó el artículo 137 numeral 7 de la normativa migratoria ecuatoriana, al ser considerado una amenaza para la seguridad pública y del Estado. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el tipo de riesgos asociados al individuo.

En el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, se registraron 17 casos de inadmisión: seis pasajeros no lograron explicar satisfactoriamente su propósito en el país; dos pasajeros no cumplían con los requisitos de documentación básica con pasaportes inválidos o vencidos; seis personas carecían de la visa requerida para ingresar al Ecuador; dos pasajeros ya no contaban con días disponibles en su visa actual y un pasajero intentó ingresar al país eludiendo los filtros migratorios.

Los inadmitidos provenían de diversas partes del mundo, incluidos países fronterizos como Colombia y Perú, así como de otras naciones como China, Cuba, Filipinas, Países Bajos, Estados Unidos y República Dominicana.

Operativos terrestres en la frontera y el interior del país

Al sur, en Huaquillas, un punto crítico de la frontera con Perú, las autoridades interceptaron a 11 ciudadanos vietnamitas en situación irregular. Como resultado, se inició un procedimiento formal de deportación contra estas personas, cumpliendo con las disposiciones legales, según informó el Ministerio del Interior.

Además, en Ambato y Daule, se llevaron a cabo controles migratorios aleatorios a 48 ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, para verificar su estatus migratorio. Según el Ministerio del Interior, estas verificaciones se realizaron bajo estricta observancia de la normativa vigente, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional.

Las recientes acciones se enmarcan en el compromiso del gobierno ecuatoriano de mantener “fronteras seguras”, un lema que resalta la necesidad de equilibrar la apertura al turismo y la migración con el resguardo de la soberanía y el bienestar ciudadano.

El país enfrenta múltiples desafíos en materia migratoria, incluyendo un aumento de flujos irregulares y el uso de rutas no oficiales por parte de personas en situación de vulnerabilidad o con antecedentes legales cuestionables. Estos controles buscan prevenir la entrada de individuos que puedan representar un riesgo para la seguridad pública o que no cumplen con las condiciones legales para su permanencia.