El Movimiento Semilla, partido oficialista en Guatemala liderado por el presidente Bernardo Arévalo, enfrenta una nueva ofensiva judicial tras la decisión del juez Fredy Orellana de suspender su personalidad jurídica.
Esta resolución, promovida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue calificada como “ilegal, ridícula e improcedente” por el diputado del partido Samuel Pérez, quien este jueves presentó un recurso de amparo ante la Corte Constitucional para revertir la medida.
“Acabamos de presentar acción de amparo ante la Corte Constitucional para que ni el Congreso ni el Registro del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vean obligados a obedecer una resolución ilegal”, anunció Pérez a través de su cuenta en la red social X.
En el recurso presentado, el Movimiento Semilla solicita que “se deje sin efectos cualquier actuación o resolución que se emita con el fin de cancelar de forma definitiva la personalidad jurídica del partido”. El juez Orellana justificó la suspensión del partido oficialista con base en una solicitud presentada por la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche.
Según declaraciones del fiscal recogidas por Emisoras Unidas, “se solicitó la cancelación de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla (...) básicamente, con la integración de las normas, se dio la cancelación”. Sin embargo, Curruchiche no ofreció detalles adicionales sobre los fundamentos legales de esta acción.
El diario local Prensa Libre informó que detrás de esta solicitud están sentencias condenatorias dictadas contra cuatro miembros de Semilla, quienes aceptaron cargos relacionados con delitos como financiación electoral no registrada, fiscalización electoral de fondos, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
No es la primera vez que el Movimiento Semilla enfrenta persecuciones judiciales. En julio de 2023, apenas un mes antes de que Bernardo Arévalo ganara la presidencia, el partido fue suspendido tras una denuncia de un ciudadano que afirmaba haberse inscrito de manera fraudulenta en la agrupación.
El presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en agosto de 2023, señaló en repetidas ocasiones que estas acciones judiciales forman parte de un intento de desestabilizar su gobierno.
Incluso antes de asumir la presidencia, Arévalo acusó a Fredy Orellana, a Rafael Curruchiche y a otros magistrados de liderar lo que él denominó un “golpe de Estado técnico” en su contra.
La reciente resolución de Orellana incluye antecedentes de otras medidas polémicas, como la autorización para incautar actas de los resultados electorales tras las elecciones presidenciales de 2023, en las que Arévalo resultó vencedor. Estas acciones fueron interpretadas como intentos de debilitar al Movimiento Semilla y al gobierno actual.
El presidente Arévalo, cuyo mandato representa una ruptura con las élites tradicionales del país, enfrentó constantes desafíos por parte de actores que buscan revertir los avances democráticos que prometió implementar.
(Con información de Europa Press)
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