Un grupo de seguidores del ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) exigió este lunes la liberación de más de un centenar de detenidos durante el reciente bloqueo de caminos que duró 24 días y que enfrentan acusaciones de terrorismo y alzamiento armado.
La protesta de alrededor de medio centenar de personas, que portaron cucharones y cacerolas vacías, se concentró en las puertas de la Defensoría del Pueblo, en La Paz, entidad a la que acusan de haber callado y no pronunciarse respecto a las detenciones que consideran “ilegales”.
“¡Fiscalía cómplice, Defensoría ausente!”, “libertad para los hermanos secuestrados” y “defender la libertad no es terrorismo”, fueron las inscripciones que los manifestantes enseñaron en varios letreros.
El senador Leonardo Loza, del bloque del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) afín a Morales, declaró a los medios que las detenciones se hicieron “de manera indebida y sin el debido proceso”.
“Pido al Gobierno de Bolivia que pueda liberar a todos los presos que a gusto y gana detuvieron en las movilizaciones, se han inventado cargos”, enfatizó el legislador.
Los seguidores de Morales realizaron hace poco un bloqueo de caminos para exigir al Gobierno de Luis Arce que retire los procesos judiciales por estupro y trata de personas contra el exmandatario, que fueron calificados como parte de una “persecución política”.
También, pidieron soluciones a la situación económica del país además del respeto a un congreso oficialista que declaró a Morales como “candidato único” del MAS para las elecciones de 2025.
Durante la protesta, el Gobierno identificó que supuestamente algunos manifestantes portaban armas y cuestionó que durante los operativos de desbloqueo se registraran agresiones a policías y periodistas, por lo que detuvieron a varias decenas de personas por esta acción.
La semana pasada, un juez ordenó la detención preventiva por cinco meses de los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, cercanos a Morales, y que fueron acusados de dirigir los bloqueos de caminos que aislaron el oriente y el occidente del país.
El Ejecutivo de Arce estimó que esa medida causó un daño de más de 2.200 millones de dólares, puesto que agudizó la situación económica del país, ya afectada por la escasez de combustibles, divisas y el encarecimiento de varios productos.
Hace unos días, los agentes de la Policía realizaron varios allanamientos en distintos departamentos del país en busca del dirigente campesino Ponciano Santos y de Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia en el Gobierno de Morales.
En la víspera, Quintana publicó un video en el que declaró que no va a ser un “objetivo fácil” del Gobierno de Arce, al que acusó de perseguir con “saña y odio” a los militantes del MAS que no se muestran partidarios de sus acciones.
“No me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentado acallar a las voces críticas”, dijo Quintana, sobre quien existe una alerta migratoria.
La detención de algunos seguidores del ex presidente Morales agudiza la crisis interna en el oficialismo, misma que comenzó a finales de 2021 por las tensiones entre el ex gobernante y el presidente Arce por las decisiones de Gobierno, el control del MAS y la elección del candidato presidencial para 2025.
(Con información de EFE)
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