Tras la suspensión de 150 días dispuesta por el Ministerio del Trabajo contra la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, el presidente Daniel Noboa nombró a Sariha Moya, secretaria de Planificación, como vicepresidenta encargada. Esto en medio de los cuestionamientos al resultado del sumario administrativo contra Abad y de la pugna política del binomio que llegó al Palacio Presidencial en 2023.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que Moya asumirá como encargo la Vicepresidencia en cumplimiento al artículo 150 de la Constitución. Este articulado señala que: “En caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República”.
Sin embargo, el inciso segundo de dicho artículo indica que: “Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República las mismas determinadas para la Presidencia de la República”. Las causas para la ausencia temporal, inscritas en el art. 146, son: “la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional”.
La Presidencia indicó que seleccionó a la ministra Moya porque “ha demostrado una trayectoria ejemplar en el servicio público, con una sólida formación en gestión pública y un profundo compromiso con el bienestar de todos los ecuatorianos”. Cuando inició su mandato, Noboa anunció a Moya como ministra de Economía, sin embargo luego desistió y la nombró la cabeza de la Secretaría de Planificación.
Pese a los anuncios oficiales, aún no se ha compartido ni se ha cargado en la plataforma presidencial el decreto con el que Noboa encarga a Moya la Vicepresidencia.
El 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días, argumentando “abandono del cargo” tras ausentarse por más de tres días consecutivos. Según el sumario, iniciado a pedido de la Cancillería, Abad llegó tarde a Ankara, Turquía, luego de ser trasladada desde Israel por motivos de seguridad. Desde diciembre de 2023, ejerce como embajadora por disposición del presidente Noboa. La Constitución establece que la principal función de un vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia. Sin embargo, también permite al jefe de Estado delegar responsabilidades adicionales.
La resolución del Ministerio de Trabajo ha sido criticada por ser de tipo administrativo y por referirse a una suspensión del cargo de Vicepresidenta, pues al ser iniciado por la Cancillería se trataba de Abad en condición de embajadora. Además, el sumario administrativo se respalda en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Esta ley, en su art. 44, establece que un servidor destituido queda inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, la normativa, en su art. 83, excluye a dignatarios de elección popular de la carrera del servicio público.
Además, el principio de juridicidad establecido en el Código Orgánico Administrativo señala que: “La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley”. Esto en coherencia con el principio de supremacía constitucional, que explica que la Constitución es la norma superior, por lo que cualquier ley o acto administrativo que contradiga lo dispuesto en la Constitución podría ser declarado inconstitucional.
Abad ha calificado a la suspensión de su cargo como una “grosera violación a la Constitución y a las leyes” y ha acusado al presidente Noboa de preparar un “golpe de Estado” pues no le delegará la Presidencia para hacer campaña, argumentando la suspensión administrativa: “Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno”, indicó Abad en un video colgado en redes sociales la noche del 10 de noviembre.
En una rueda de prensa, realizada la mañana del 11 de noviembre, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, indicó que la Casa Militar retirará la seguridad de la “ex vicepresidenta” en referencia a Abad. El equipo de Abad confirmó a Infobae que la funcionaria no cuenta con seguridad en Turquía. Se indicó que posiblemente, lo dicho por el jefe del CC.FF.AA. se refiera al retiro de seguridad a la familia de Abad, pero no han sido notificados.
La vicepresidenta Abad ha asegurado que denunciará lo sucedido ante la comunidad internacional y pidió a la Asamblea de Ecuador, a la Contraloría y a la Defensoría Pública que se pronuncien.