En cuatro meses de incendios, 6,9 millones de hectáreas han sido calcinadas en Bolivia. Según datos del Ministerio de Medioambiente y Agua, de esa superficie 4,6 millones de hectáreas corresponden a bosques y 2,3 millones son pastizales.
Las acciones del Estado en todos sus niveles han sido insuficientes para detener la expansión del fuego. Pese a la declaratoria de una pausa ambiental indefinida el 11 de septiembre, a través de la cual se suspenden y revocan todas las autorizaciones de quema, los incendios provocados han continuado principalmente en la región oriental del país.
Ante la magnitud del desastre, algunas voces han pedido iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por el delito de ecocidio. La activista, comunicadora y escritora María Galindo puso el tema sobre la mesa en una interpelación ante los funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), organización que emite los permisos de quema.
“No pido pausa ecológica porque eso es un chiste. Pido juicio de responsabilidades contra Luis Arce, David Choquehuanca y todos los funcionarios de la ABT”, manifestó Galindo. “Si ustedes hubieran hecho su trabajo, no estaríamos en lo que estamos”, protestó la activista.
Días después, en medio de una sesión legislativa donde se abordaba la aprobación de un crédito externo para atender la emergencia, diputados del evismo y la oposición plantearon el juicio contra las máximas autoridades del país. El diputado Santos Mamani propuso instaurar el proceso y dijo que “los incendios no son recientes, el Gobierno debió haber hecho políticas preventivas”.
El diputado Miguel Roca apoyó la iniciativa y pidió incluir en el proceso a Evo Morales, “ya que esta desgracia de los incendios inició en su gobierno”. Si bien las quemas controladas, denominadas localmente “chaqueos”, se realizan desde hace varias décadas, en el último quinquenio se agravaron y provocaron desastres ambientales con un promedio de quema de 4 millones de hectáreas por año.
Los chaqueos son una práctica habitual en Bolivia para preparar la tierra para los cultivos y está vinculada a la ampliación de la frontera agrícola. Según la Fundación Tierra, existe una estrecha relación entre los incendios forestales y el aumento de las autorizaciones de desmontes emitidos por la ABT.
Desde mediados de los 90 que se aprobaron leyes que viabilizan los desmontes con fines productivos, a las que se sumaron otras normas de la gestión de Evo Morales (2006-2019) que algunos sectores consideran “incendiarias” y exigen abrogar, algunas de ellas están en ese proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Fuera de control
El primer incendio inició el 2 de junio en el Parque Otuquis, al este del país en la región fronteriza con Brasil, y desde entonces los focos de incendio se han incrementado principalmente en las regiones de Santa Cruz y Beni. A inicios de octubre habían 40 incendios activos.
El 7 de septiembre el Gobierno emitió la declaratoria de “emergencia nacional” para viabilizar ayuda internacional y el 11 de septiembre, se emitió una “pausa ambiental indefinida” con la que se suspendían y revocaban todas las autorizaciones de quema. En ese tiempo se contrataron aviones cisterna para incrementar las acciones por aire, se realizaron operativos de bombardeo de nubes para provocar lluvias y se intensificaron las operaciones por tierra.
Aun así el fuego no ha podido ser controlado en su totalidad. Ante la presión de varios sectores, el 30 de septiembre la administración de Luis Arce declaró “desastre nacional” con lo que se permite la movilización de recursos económicos para combatir las llamas y el arribo de más cooperación internacional. En lo que va de la emergencia ambiental, han llegado brigadas y equipos de China, Francia, Suiza, Canadá, España, Chile, Perú, Brasil y Venezuela.
La emergencia ambiental se da en medio de la disputa interna del Movimiento Al Socialismo alrededor de Luis Arce y Evo Morales, por el control del partido y la candidatura a las elecciones presidenciales de 2025.
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