Calificadora Moody’s mantuvo a Uruguay dos escalones encima del grado inversor

La agencia calificadora de riesgo Moody’s elevó en marzo la nota de la deuda uruguaya desde Baa2 a Baa1, dos escalones por encima del umbral del grado inversor. El último informe, divulgado el miércoles 18, mantiene esa calificación y destaca el cumplimiento “continuo” de las reformas fiscales y monetarias que el país tuvo en el último tiempo. Pero también asegura que esto podría “mejorar o empeorar” en el futuro.

La calificación uruguaya “está respaldada por instituciones sólidas que refuerzan la estabilidad política y social, un sólido desempeño de crecimiento y el flujo de inversión extranjera directa”, destaca el informe.

“La perspectiva estable equilibra las perspectivas de un mayor crecimiento sostenido y una mejora de la implementación de la política fiscal con la exposición de Uruguay a shocks relacionados con el clima que pesan sobre el crecimiento y los resultados fiscales”, agrega el informe.

El economista Aldo Lema destacó en la red social X la parte del informe que establece que la calificación crediticia de Uruguay “podría mejorar o empeorar”. “Probablemente no habrá pronunciamiento antes de los eventos electorales de los próximos meses, sobre todo por el plebiscito de la seguridad social”, escribió.

Lema agregó que la calificación de Uruguay podría ser rebajada “si se erosionan los marcos de política fiscal (institucionalidad) y monetaria (régimen de metas de inflación)”.

Para el también economista José Licandro, “la sola amenaza del plebiscito sobre el grado inversor en el informe de Moody’s ya se ve”, escribió. “Pero también (ve) preocupación por el devenir de las políticas macro, tanto la monetaria como la fiscal, seguramente esperando el resultado electoral y lo que vendrá. Atenti”, señaló.

El 27 de octubre, junto a las elecciones nacionales, Uruguay votará para establecer en la Constitución la edad mínima de retiro a los 60 años, la equiparación entre el salario mínimo y la jubilación mínima y la eliminación de las administradoras de fondos previsionales (AFAP), que gestionan los fondos de pensión.

El plebiscito fue promovido por el PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo. Surgió como respuesta a la reforma previsional del gobierno, que además de aumentar la edad extendió los fondos individuales de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al sistema. La norma no tuvo en el Parlamento los votos del Frente Amplio, que propuso para un eventual nuevo gobierno iniciar un diálogo social para impulsar una nueva reforma jubilatoria. La propuesta del PIT-CNT fue en otra dirección y puso en una posición incómoda a la izquierda.

La mayor parte de la academia y los sectores de negocios se han expresado en contra de este plebiscito por el impacto que tendría en las cuentas públicas. También lo ha hecho el presidente Luis Lacalle Pou, quien la semana pasada aseguró que la reforma es “compleja”. “Trae consecuencias negativas con efecto dominó. Va a hacer que tengamos que diversificar el gasto público, seguramente el gobierno que viene va a tener que subir los impuestos si pasa esto. Después en lo que hace a la confianza del país en el extranjero, que estamos con el riesgo país más bajo de la historia, va a cambiar”, dijo en una rueda de prensa.

En la agencia canadiense DBRS consideran que, si la propuesta del PIT-CNT tiene éxito, los “futuros gobiernos probablemente enfrentarán algunas situaciones difíciles”, declaró el vicepresidente senior de Riesgo Soberano Global, Michael Heydt, a Búsqueda cuando todavía el movimiento sindical estaba juntando las firmas para promover el plebiscito. Consideró además que la eliminación de las AFAP podría “ser disruptiva para los mercados financieros locales”.

En general, para las calificadoras de riesgo el resultado electoral de las elecciones del 27 de octubre es casi un trámite. El último informe de Standard & Poor’s destaca que “si bien existen diferencias de opinión entre los partidos y las coaliciones tales como sobre el papel del gobierno y las prioridades del gasto, existe un consenso sobre el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el Estado de Derecho”.