Caso Plaga en Ecuador: una red de abogados y jueces falsificaban documentos para liberar a peligrosos criminales

Una red de delincuencia organizada que utilizaba argucias para liberar a criminales y que estaba integrada por jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos falsificaba documentos judiciales y médicos para lograr que miembros de bandas como Los Choneros y Los Lobos accedieran a beneficios penitenciarios. Así lo reveló Omar Jarrín, uno de los procesados y ahora testigo protegido en su testimonio anticipado.

Según la fiscalía, Jarrín, que en el momento de los hechos era un funcionario del Servicio de cárceles (SNAI), habría aprovechado su posición para reclutar a presos y contactar a sus familiares y organizaciones delictivas. La Fiscalía lo señala como un “colaborador clave en la organización, implicado en la obtención de la libertad” de los reclusos a cambio de dinero.

En su testimonio, rendido el 2 de septiembre, Jarrín reveló cómo a través de programas de edición y páginas de Internet los miembros de la red falsificaban documentos judiciales y médicos. Jarrín indicó que en la red de falsificación de documentos operaba Lenín Vimos, un abogado en libre ejercicio, Xavier Armijos, otro funcionario del servicio de cárceles, y Banny Molina, un ex magistrado que falló a favor del ex vicepresidente Jorge Glas.

Según indicó Jarrín, él llegó al SNAI en el segundo semestre de 2022 y trabajaba en la cárcel de Turi, en Azuay. Esa prisión es liderada por la banda narcoterrorista Los Lobos. Para entonces ya había un mecanismo donde se sobornaba a jueces para obtener beneficios para los presos: “Me dieron el puesto de jurídico en la cárcel de El Turi (...) mis obligaciones se relacionaban a beneficios penitenciarios. Solamente era revisar los datos de las carpetas, verificar que esté en orden y enviar al Juez”.

Para lograr beneficios para los criminales, la red producía certificados médicos falsos y les atribuía a los presos enfermedades como el VIH para que pudieran salir de la cárcel. Esto, según Jarrín, también era creado íntegramente por los ahora procesados.

Para engañar a las autoridades, por ejemplo a la Policía, creaban boletas falsas de excarcelación. Uno de los procesados diseñaba una hoja membretada del Consejo de la Judicatura y creaba un código QR en internet para agregarlo al documento falsificado. Ese QR, relató Jarrín, redirigía al despacho del juez que había sido comprado. También falsificaban direcciones de correo electrónico y para obtener cédulas de identidad fraudulentas ocupaban una página web para obtener los datos de identidad y luego un programa de edición para montar la fotografía del recluso.

Asimismo, Jarrín indicó que cuando terminó su contrato con el SNAI llegó a trabajar con Xavier Armijos, que ya conocía cómo funcionaba el mecanismo para liberar presos y quería tener su “propia línea”, evitando intermediarios como Lenín Vimos. Fue entonces cuando visitaron al ex juez Banny Molina, que para entonces ya portaba un grillete electrónico porque era investigado por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas tras otorgarle un habeas corpus a Jorge Glas.

Molina le habría dicho a Jarrín y Armijos que no tenía problema en fallar a favor de los criminales para liberarlos, pero que por cada medida otorgada cobraría USD 25.000. Por ejemplo, en uno de los fallos tramitados por Armijos y Molina, se encargó el caso a una jueza y se indicó que los USD 25.000 se repartirían entre la magistrada y Armijos. Utilizaron cinco cuentas, presuntamente de familiares de Molina, para los pagos. Las transacciones eran de menos de USD 5.000 para no levantar sospechas en el sistema financiero.

Jarrín contó que Armijos recibía en su despacho a los familiares o socios de los presos: “Esto se puede comprobar con las cámaras que existen en el edificio Acuario, donde funcionaba una cooperativa en el primer piso. La oficina de Xavier Armijos se encontraba en la 202. Llegaban, incluso, brazos armados y familiares de integrantes de grupos armados organizados”.