
La asesora presidencial Diana Jácome presentó una recusación contra el juez electoral Fernando Muñoz, quien está a cargo de la denuncia interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros miembros del gabinete, incluida Jácome. Esta acción ha provocado la suspensión temporal del trámite de la denuncia de Abad, hasta que se resuelva la recusación.
Una recusación es un procedimiento legal en el que se solicita que un magistrado sea retirado de un caso debido a posibles conflictos de interés que comprometan su imparcialidad. Esto puede ocurrir si el juez tiene intereses personales, prejuicios, relaciones familiares o profesionales con alguna de las partes, o si ha emitido opiniones previas sobre el caso. Si la recusación es aceptada, el juez será reemplazado. Jácome deberá probar que el magistrado incurre en alguna de esas causales.
La denuncia por violencia política de género fue interpuesta por Abad, que cumple funciones diplomáticas en Israel, el pasado 8 de agosto. Tras sortear la causa, el 13 de agosto, Muñoz fue designado como juez. Para el 23 de agosto, después de otras diligencias, el magistrado admitió a trámite la denuncia y dispuso la citación de los denunciados: el presidente Noboa, Diana Jácome, la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres. Entonces, el juez les concendió el término de cinco días para contestar la denuncia de Abad.

Tres días después de la citación, el 26 de agosto, “ingresó a través del correo electrónico y por recepción documental de la Secretaría General de este Tribunal, un escrito firmado electrónicamente por la abogada Diana Angelica Jácome Silva, y por el abogado patrocinador, mediante el cual, recusan a este juez de instancia para que sea separado del conocimiento de la presente causa”, se lee en la notificación de la suspensión temporal del proceso.
Esta no es la única acción que Jácome ha realizado en el marco de la pugna política entre Abad y Noboa. Al día siguiente de que la vice presentara su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, Jácome también interpuso una denuncia acusándola a la vicepresidenta de incurrir en violencia político de género contra ella.
Daniel Noboa y Verónica Abad llegaron al poder tras las elecciones anticipadas de 2023. Esos comicios extraordinarios se celebraron luego de que el ex presidente Guillermo Lasso decretara la disolución cruzada. Por esta razón, Noboa completa el periodo que Lasso dejó inconcluso y que termina en mayo de 2025. Noboa, que ya ha sido oficializado como precandidato presidencial, ha hecho público su rechazo a que Abad lo reemplace cuando el deba pedir licencia para hacer campaña. Desde hace varios meses, el equipo de Noboa busca alternativas para evitar la sucesión constitucional.

Ambos mandatarios mantienen una ruptura política que se evidenció apenas asumieron el cargo, cuando Noboa le asignó a Abad, como única función, ser embajadora de Ecuador en Israel. Para la vice esto ha sido interpretado como un destierro y un mensaje de que el presidente la quiere lejos.
A eso se suman las vocerías gubernamentales y oficialistas que han calificado a Abad de corrupta, mal agradecida y desleal, entre otros. Es por estas declaraciones y otros hechos que Abad alega que ha sido víctima de violencia política de género, lo que en Ecuador es considerado una infracción electoral grave. Abad ha pedido varias sanciones para los denunciados, incluyendo la destitución y la pérdida de derechos políticos.
Según ella relata en la denuncia por violencia política de género que presentó contra Noboa: “Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República, y haber ganado la elección ha sido una condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política...”.
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