La Fiscalía de Guatemala pidió este miércoles a la Corte Suprema el retiro de la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo de León, en lo que representa un nuevo capítulo en los cruces entre el oficialismo y la oposición en el país. La solicitud surgió a raíz de una denuncia del bando disidente por supuestos pagos “ilegales” a constructoras, por lo que se acusa al mandatario de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
El pasado 16 de julio, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación conta el Terrorismo, presentó la denuncia contra Arévalo de León que, de inmediato, fue acompañada por el fiscal Rafael Curruchiche. Ambos están sancionados por Estados Unidos por ser “corruptos”.
El funcionario presentó el audio de una conversación de mayo entre el Presidente y la ex ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, en la que el mandatario le notifica a la mujer de su destitución por no haber cumplido con una orden de pagar a empresas, conforme a un listado acordado -que, aseguran, contiene sumas millonarias provenientes de contratos con estas firmas corruptas-.
“Hemos podido establecer entonces que el señor Presidente (...) es la principal persona que fomenta la corrupción y la impunidad en Guatemala”, dijo Curruchiche y acusó, además, al mandatario de ser “antidemocrático”.
La conversación fue confirmada por el propio Arévalo de León, quien desmintió que estuviera hablando de una trama ilícita y, por el contrario, explicó que se trató de los listados que se elaboran para pagar una vez verificada la ejecución de las respectivas obras. “Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”, sostuvieron, por su parte, desde la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia en respuesta al pedido.
No obstante, ello no evitó que la opositora Fiscalía busque avanzar sobre su derecho al antejuicio, quedando vulnerable a que si la Corte da luz verde al proceso, el Congreso pueda aprobar el cese de su inmunidad. Inclusive, de iniciarse una investigación penal, el Ministerio Público podría pedir una orden de prisión preventiva en su contra.
De todas formas, un amplio sector del país entendió la noticia como un cruce más entre los bandos, que llevan desde 2023 enfrentados por el control del país, luego de que el ex presidente, Alejandro Giammattei, fuera derrotado en los comicios.
En los meses previos y posteriores a las elecciones, a pesar de la fuerte presión de la comunidad internacional, Consuelo Porras y Curruchiche, entre otros, lanzaron varias investigaciones contra el partido Movimiento Semilla, ordenaron allanamientos a sus sedes y encabezaron otros actos de intimidación, en un intento por impedir la transición electoral. Nada de ello, sin embargo, consiguió impedir la investidura.
Luego, una vez en el poder, Arévalo de León propuso en mayo una reforma legal que permita destituir a la Fiscal para que “rinda cuentas” por todas sus acciones corruptas y antidemocráticas. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Como presidente de la República, electo democráticamente por el pueblo, con un mandato explícito para luchar por la transparencia y combatir la corrupción, no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, dijo entonces.
(Con información de AFP)
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