La violencia en ciertas jurisdicciones de la Amazonía ecuatoriana ha incrementado. Un informe policial reveló que Orellana, a 100 kilómetros de la frontera con Colombia, se ha vuelto el escenario de una pugna entre bandas narcocriminales. Los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo armado colombiano también conocido como mafia de Sinaloa, estaría disputando el territorio contra una facción de Los Choneros, una megabanda de Ecuador.
Los CDF son un grupo disidente de las FARC y está vinculado a la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se formó tras la desmovilización de la mayoría de sus miembros en el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. Los CDF han expandido su influencia en Ecuador a través de alianzas con bandas locales. Según Ecuavisa, que accedió a un informe policial sobre la presencia de estos comandos en el país, hay una guerar “entre dos facciones de Los Choneros: un grupo se considera aliado a la los Comandos de Frontera y están presentes en el cantón Francisco de Orellana; el segundo grupo se resiste a ser controlado por la banda extranjera y su base de operaciones es la Joya de los Sachas”.
Esto ha disparado los índices de violencia en Orellana, donde se triplicaron los homicidios intencionales.
Los Comandos de Frontera se dedican no solo al tráfico de drogas sino también a la extorsión y a la minería ilegal. Para lograrlo necesitan la seguridad y logística de grupos locales que puedan servirles, como Los Choneros, una megabanda con al menos 12.000 miembros que es liderada por alias Fito, que se fugó de una cárcel ecuatoriana en enero de este año. Estos grupos han encontrado en las provincias amazónicas ecuatorianas un espacio propicio para sus operaciones debido a la porosidad de la frontera, la poca presencia estatal y la alta demanda de recursos como el oro.
Estos grupos armados no solo controlan las operaciones mineras ilegales, sino también el tráfico de oro y otros recursos hacia Colombia, utilizando rutas clandestinas que atraviesan la selva, según reveló una investigación de Plan V y Amazon Underworld. Este control territorial incluye la intimidación y el reclutamiento de habitantes locales, lo que crea un clima de miedo y silencio entre las comunidades indígenas y mestizas.
La investigación reveló que la minería ilegal, impulsada por estos grupos, además de contribuir a los niveles de violencia, ha tenido un impacto devastador en el medio ambiente y en la vida de las comunidades amazónicas. La contaminación de los ríos, la deforestación y la presencia de mercurio son solo algunos de los efectos visibles de esta actividad.
Los delitos ambientales están vinculados al crimen organizado por razones estratégicas y económicas para estos poderes fácticos. La minería ilegal, por ejemplo, es una forma de diversificación del negocio ilegal. Es así que las bandas pueden tener otras fuentes de ingresos, obteniendo ganancias significativas sin depender exclusivamente del narcotráfico.
En el caso de la minería ilegal, este delito también es un mecanismo para el blanqueo de capitales. Al vender oro y otros recursos mineros en el mercado legal, las bandas pueden introducir ingresos ilícitos en el sistema financiero sin levantar sospechas.
Además, las bandas narcocriminales pueden consolidar su control territorial en zonas remotas y de difícil acceso, como el caso de la Amazonía. Estos territorios pueden servirles como refugios y centros logísticos para sus operaciones criminales, incluyendo el tráfico de drogas. A esto se suma que, generalmente, en esas zonas la presencia del Estado es limitada o casi inexistente.
La falta de control del Estado hace que la gobernanza criminal se imponga. Las comunidades en áreas afectadas por delitos ambientales suelen ser vulnerables, con poca capacidad para resistir la incursión de actores armados. Lo que permite que los narcocriminales impongan su control y aprovechen el abandono estatal a los pobladores para continuar sus operaciones ilegales con poca resistencia.
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