
Para el congreso ecuatoriano, las elecciones en Venezuela que acreditaron el triunfo al dictador Nicolás Maduro son “fraudulentas, represivas y engañosas”. El pleno de la Legislatura se sumó al rechazo internacional del fraude perpetrado por el régimen venezolano. La moción de pronunciarse fue apoyada por 78 de 137 legisladores. Los diputados afines del correísmo, que militan por el socialismo del siglo XXI, votaron en contra del texto.
Los legisladores ecuatorianos emitieron una severa resolución que reprobó “el régimen político dictatorial de Nicolás Maduro”. En el texto se reconocen “los derechos de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión”. Además, el congreso hizo una condena a la represión y violencia que el régimen ha ejercido en contra de los manifestantes. Según las más recientes cifras compartidas por Maria Corina Machado, líder de la oposición, hasta la mañana del 31 de julio se cuentan 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos.
Al referirse al fraude cometido por la dictadura venezolana, el congreso expresó “la firme decisión de la Asamblea Nacional, sobre la corrupción, abuso de poder, represión y autoritarismo de fraude electoral que existió en las elecciones presidenciales en Venezuela”. Asimismo condenaron “el gobierno corrupto y represor de Nicolás Maduro y todos los gobiernos totalitarios que quebrantan las libertades y pisotean la democracia en América Latina”.

Además, los legisladores ecuatorianos pidieron “exhortar a los poderes constituidos de la hermana República Bolivariana de Venezuela y a la comunidad internacional sobre la necesidad de observar el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos, y que su voluntad auténtica manifestada por sufragio universal, sea respetado y garantizado por los poderes públicos, hasta la proclamación de los resultados obtenidos en procesos de escrutinio libres, públicos y transparentes, para que las mayorías puedan tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, de acuerdo con los acordado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El congreso ratificó la necesidad de que la comunidad internacional impulse el “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” incluyendo “el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, de acuerdo con lo convenido en la Carta Democrática Interamericana”. Esto se une a la petición de varios países de que el Consejo Nacional Electoral venezolano transparente los resultados que proclamaron a través de las actas de cada junta y de un reconteo que garantice que el voto ciudadano haya sido respetado.
La resolución del congreso ecuatoriano fue enviado a la Presidencia y a la Cancillería ecuatoriana y se notificó sobre esta a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Esta última se reunirá esta tarde para tratar la situación venezolana en una reunión tramitada por 13 países, incluidos Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, entre otros.

El régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha sido observado por la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, por el Centro Carter –único observador electoral imparcial que pudo ingresar a los comicios– e incluso sus aliados como Gustavo Petro, presidente de Colombia, han pedido que se dé “un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”.
En Ecuador, aunque los miembros del correísmo en la Asamblea Nacional votaron en contra de la resolución, muy pocos –solo los más acérrimos– se han pronunciado públicamente sobre el fraude en Venezuela. Otros de los cuadros del partido afín a Rafael Correa han optado por no dar declaraciones sobre el tema y mantener un silencio que ha sido calificado por la opinión pública como “cómplice”.
En Venezuela hay más de 15.000 presos políticos, más de 1650 torturados por la dictadura, más de 300 asesinados en protestas contra el régimen y más de 39 desapariciones forzadas. A esto se suma el éxodo masivo que ha provocado que 7.7 millones de venezolanos huyan de su país.
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