
Jorge Glas, ex vicepresidente, sentenciado e investigado por corrupción, continuará en La Roca, la prisión de máxima seguridad en la que está desde el pasado 6 de abril, después de haber sido capturado por la Policía del Ecuador dentro de la legación diplomática mexicana en Quito. Este evento provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.
La defensa de Jorge Glas presentó un habeas corpus argumentando que el ex vicepresidente de Rafael Correa ha sufrido la vulneración de sus derechos durante su tiempo en la prisión. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil. El ex vicepresidente pedía ser trasladado a la casa de su madre y sostenía que no tiene acceso a medicina, que ha intentado suicidarse y que ha sufrido mordeduras de ratas. Mientras que las autoridades aseguraron que el ex vicepresidente recibió 79 atenciones médicas, según Primicias.
El Servicio de Cárceles y el Ministerio de Salud demostraron ante el juez que no se ha vulnerado el derecho a la salud de Glas por lo que el magistrado decidió negar el pedido del ex vicepresidente. Asimismo, la Procuraduría General del Estado presentó un informe sobre el cumplimiento medidas cautelares internacionales ante la Comisión Interamericana, que están vigentes desde el 2019. El informe mostró, con fecha del 28 de junio, que el Ecuador ha cumplido con todas las medidas necesarias para garantizar la salud del ex vicepresidente.

La audiencia se instaló el 3 de julio y se resinstaló este lunes. El pasado miércoles, Glas aseguró que no tiene contacto con sus abogados, que el 9 de abril intentó suicidarse –en una de cuatro ocasiones– al ingerir 60 pastillas y dijo que está en huelga de hambre desde que fue encarcelado, según recogió La Hora. Sin embargo, un informe oficial al que tuvo acceso Primicias reveló que Glas es un “paciente estable, con buena implantación de cuero cabelludo, activo, afebril y orientado”. Las autoridades, durante la audiencia de este lunes, indicaron que Glas no está incomunicado y que ha tenido acceso a sus abogados, por ejemplo.
Glas, así como otros miembros del partido de Rafael Correa que son requeridos por la justicia, se han calificado como perseguidos políticos. Bajo este argumento, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador le concedió asilo el pasado 5 de abril, unas horas antes de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaran sin autorización a la Embajada de México en Quito. El presidente Daniel Noboa ha reiterado que esa acción, que obligó a la ruptura de relaciones con México y que llevó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, era necesaria. A pesar de los argumentos de Noboa, en el congreso, la bancada correísta –la primera minoría del parlamento– ha iniciado un juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. El correísmo acusa a la ministra de incumplimiento de funciones al permitir la intervención de la Policía en la sede diplomática.
Con dos sentencias por corrupción en firme y dos investigaciones abiertas: una por malversación de fondos y otra por intimidación, Glas ingresó en diciembre de 2023 a la Embajada de México en Quito y permaneció en calidad de huésped hasta el 5 de abril de 2024. Durante los primeros días de abril y a partir de unas declaraciones de López Obrador sobre las elecciones en Ecuador, la entonces embajadora de México, Raquel Serur fue declarada como persona non grata. Para retornarla a México, López Obrador dijo que enviaría aviones militares, pero ese mismo día, a través de notas verbales contradictorias, el gobierno ecuatoriano empezó a sospechar que se fraguaba un plan para sacar a Glas del país, pues la administración de Noboa se negaba a darle el salvoconducto.
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