El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el preso político Adel de la Torre Hernández se encuentra en una grave condición de salud mental debido a que no recibe el tratamiento correspondiente y a las frecuentes golpizas propinadas por sus carceleros.
El joven fue detenido en el marco de las masivas protestas de 11 de julio de 2021, más conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles para manifestar su descontento con el régimen de Miguel Díaz-Canel.
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Su madre, Anayl Hernández Collado, pidió solidaridad de manera urgente. En 2017, Adel fue diagnosticado de un padecimiento de salud mental, situación que se ha agravado en la cárcel. Tras ser detenido el 11J, fue excarcelado en septiembre de ese año pero enjuiciado y condenado a prisión un año más tarde.
Cuando estaba a la espera del juicio, participó como rescatista en el desastre del Saratoga. El 6 de mayo de 2022, el hotel de lujo ubicado en el municipio de La Habana Vieja sufrió una explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante: 47 personas murieron y 52 resultaron heridas.
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“Mi hijo es esquizofrénico desde 2017. En este preciso momento ha sido golpeado por la policía de la prisión y lo metieron en un hueco. Él es cristiano, como yo. A mí me han dado tres infartos cerebrovasculares debido a esta misma situación. Su papá era enfermo esquizofrénico, paranoico y falleció debido a esta situación de sufrimiento”, narró Anayl Hernández Collado al OCDH.
Luego afirmó que su hijo “es inocente y en la cárcel están abusando de él por ser cristiano”; al tiempo que acotó: “Llegan y le preguntan: ‘¿Tú eres el cristiano?’. Y mandan a darle golpes, tres y cuatro personas. Incluso, querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían: ‘¿Tú eres cristiano? Mátate a ver si tu Dios te salva’, todas esas barbaridades”, completó.
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Varios presos políticos con problemas mentales
“Denunciamos el caso de Adel de la Torre Hernández y el de otros presos políticos y comunes que están sufriendo tratos crueles en la cárceles cubanas. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), establecen que el Estado tiene la responsabilidad de dar servicios médicos a los reclusos”, indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un informe enviado a Infobae.
Y añadió: “La situación de los prisioneros por motivos políticos y de conciencia es tan grave que se ha tornado humanitaria. Además de las terribles condiciones carcelarias, están soportando el acoso y el abuso de poder por parte de los carceleros y de la policía política”.
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El OCDH subrayó que el régimen de La Habana “debe atender el pedido de amnistía presentado recientemente por los familiares y respaldado por cientos de ciudadanos, o aplicar, de manera urgente, cualquiera de las otras vías legales que tiene para liberar o excarcelar a todos los presos políticos”.
“El ministro de Exteriores (del régimen cubano), Bruno Rodríguez Parilla, dispone de la documentación precisa de estas vías, que le fuera enviada por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de enero, y del requerimiento de diversas instituciones internacionales para su implementación, en el supuesto de que exista la voluntad política requerida, y el humanismo al que la situación de presos y familiares urge”, agregó la ONG.
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Algunos otros casos de presos políticos con problemas graves de salud mental
- Abel Lázaro Machado Conde, sentenciado a nueve años por supuestos “desórdenes públicos y sabotaje”. Padece de un trastorno de conducta orgánica, con alto riesgo de pulsión suicida, hipotiroidismo, síndrome ansioso y trastorno con déficit de atención.
- Amalio Álvarez González, sentenciado a 15 años por supuesto delito de “sedición”. Es un paciente con trastornos psiquiátricos, tendencia a autolesionarse, huérfano de madre debido a que esta se suicidó cuando él tenía apenas un año de edad. Familia de bajos recursos económicos.
- Dayron Martín Rodríguez, sentenciado a 22 años por supuesto delito de “sedición”. Padece esquizofrenia, con antecedentes personales de intento suicida.
- Walnier Luis Aguilar Rivera, sentenciado a 12 años por el supuesto delito de “sedición”. Tiene discapacidad intelectual limítrofe de causa orgánica, con tratamientos psiquiátricos desde la infancia. Padre de dos hijos pequeños, los cuales actualmente dependen económicamente del abuelo paterno.
- Yanley López Basulto, sentenciado a ocho años por supuestos delitos de “sabotaje con carácter continuado, atentado y desórdenes públicos”. Joven con trastorno de la personalidad mixto, con tratamiento psiquiátrico desde la niñez. Tiene antecedentes familiares de esquizofrenia.
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