La Fiscalía de Ecuador abrió este miércoles una investigación contra el ex ministro del Interior José Serrano por difundir información reservada sobre el asesinato del fiscal César Suárez, tiroteado por sicarios en Guayaquil, según anunció en su cuenta de la red social X.
El Ministerio Público publicó un mensaje de Serrano, en el que el ex funcionario del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) vinculaba el crimen de Suárez con las indagaciones que realizaba sobre el líder de la banda ‘Los Choneros’, José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, fugado de la cárcel regional de Guayaquil.
Serrano, que fue un duro opositor al anterior Ejecutivo del conservador Guillermo Lasso (mayo 2021-noviembre 2023), afirmó que el asesinato del fiscal se produjo en un contexto de lucha contra el crimen organizado y que los agentes del Ministerio Público estaban en riesgo por “algún infiltrado canalla”.
La Fiscalía tapó parte del texto de Serrano y aseguró que lo investigará por “presunta difusión de información reservada, debido a sus ‘revelaciones’ en torno a temas sensibles”. Además, instó a la ciudadanía a “no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley”.
Serrano, por su parte, pidió que se investigue quién filtró información del fiscal Suárez a los delincuentes que lo mandaron a matar y dijo que siempre colaborará con la Justicia.
Suárez fue asesinado en la tarde del miércoles por sicarios que le dispararon dentro de su vehículo, cuando supuestamente se dirigía a una audiencia por un caso de tráfico de drogas, sin contar con un equipo de seguridad asignado. El fiscal había interrogado recientemente a los trece detenidos que tomaron por asalto el canal TC Televisión el pasado 9 de enero y retuvieron a sus trabajadores durante una emisión en vivo.
El crimen de Suárez se enmarca en el estado de excepción por “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno contra 22 bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y catalogadas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
El Gobierno tomó esta medida tras la ola de violencia atribuida al crimen organizado el 9 de enero, que incluyó secuestros de policías, asesinatos, explosiones, incendios de vehículos y motines en las cárceles con unos 200 rehenes ya liberados.
Los hechos se suscitaron en un momento en que Daniel Noboa se disponía a poner en marcha un plan de “mano dura” para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles, donde en los últimos años Ecuador ha escalado hasta situarse como uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023, año en el que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lamentó el asesinato de Suárez y aseguró que el Ministerio Público no cesará en su lucha contra los grupos del crimen organizado.
“Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”, pero “los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, señaló Salazar.
Dijo, además, que la Fiscalía inició las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y expresó sus condolencias a sus familiares, a los que prometió que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público.
(Con información de EFE)
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