Los habitantes originarios de Guarayos, en Santa Cruz, acusan a la policía de llegar siempre muy tarde cuando se denuncian asaltos de tierras por parte de los seguidores de Evo Morales.
La policía ha explicado que la demora se debe a las largas distancias que deben recorrer para llegar a los lugares de los asaltos, lo que deja muy felices a los asaltantes.
Incluso cuando la policía ha llegado al lugar de los hechos, los asaltantes quedan en dominio de las tierras que asaltaron, denuncian los habitantes de la región.
Los lugareños hablan idiomas de la zona, como el guaraní, el guarayo y otros de la región amazónica, mientras que los asaltantes llegan hablando idiomas del altiplano, como el aimara o el quechua.
Los aborígenes de las llanuras orientales insisten en pedir que las tierras fiscales se las den solamente a ellos y no a personas que llegan de otras regiones.
En el altiplano y los valles altos se aplicó en 1953 la reforma agraria, por la cual las tierras públicas y privadas fueron entregadas a los habitantes de la zona.
Pero los propietarios o sus herederos no pueden ni vender ni hipotecar esos predios, ya que el gobierno de hace setenta años temía que los viejos hacendados terminarían recomprando esas tierras.
La migración hacia el oriente es ahora impulsada por los sindicatos de cocaleros de Chapare y su jefe vitalicio, Evo Morales, interesados en extender las plantaciones de coca hasta la frontera sur con Brasil, lo más cerca posible de los mayores centros de consumo de cocaína de las Américas: San Pablo y Río de Janeiro.
Hace dos años, los asaltantes de tierras llegaron a secuestrar a policías y periodistas, pero la justicia no ha actuado, a pesar de que es muy diligente cuando se trata de otras infracciones a la ley.
Según el experto Carlos Chalup, se trata de una estrategia bien diseñada para ampliar las plantaciones de cocales atravesando el departamento de Santa Cruz.
La estrategia incluye el avance de los cocaleros de Chapare hacia la ciudad de Santa Cruz y más al Este todavía, con camiones que llevan arena a más de 350 kilómetros de distancia, pero que incluyen un oculto “valor agregado” ilegal, dice Chalup.
Los incendios de bosques han sido coordinados para que los interesados en esas tierras las ocupen con la autorización del gobierno, o asaltándolas, con lo que logran el control legal.
Ningún juez se atreve a dictar sentencias que perjudiquen a los asaltantes, porque en ese caso los poderosos sindicatos de cocaleros logran que la judicatura los sancione.
Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), todo esto crea un clima de inseguridad que desalienta a los inversionistas, e incluso a quienes quisieran reinvertir.
Los empresarios le han comunicado al gobierno que el futuro de la agroindustria depende de que se apliquen cuatro condiciones, comenzando por la garantía de la propiedad privada.
Chalup dice que en Santa Cruz la opinión generalizada espera que en Bolivia surja un Javier Milei, capaz de desregular la economía para restablecer la libertad de empresa.
Por el momento, en Bolivia el MAS mantiene las prohibiciones de exportar productos del agro, lo que desalienta a los empresarios por la aplicación de esas medidas, pero sobre todo porque los funcionarios del gobierno las utilizan para extorsionar.
En realidad, dicen los empresarios de Santa Cruz, las prohibiciones de exportación sólo provocan que se encarezcan las autorizaciones de exportar que otorga el gobierno a cada empresario por los cobros irregulares que hacen los funcionarios del MAS a cargo de ello.
Las autoridades regionales dicen que no pueden controlar la situación, sobre todo porque el Estado o no está presente o favorece a los asaltantes de tierras.
Por el momento no hay acciones contra los incendiarios de tierras, cuando se informa que este año el fuego consumió la vegetación de 3,5 millones de hectáreas, según el último informe.
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