(Desde Santiago, Chile) El Centro de Pensamiento Nodo XXI –ligado al gobierno de Gabriel Boric-, lanzó un informe titulado “Retrocesos en el texto propuesto por el Consejo Constitucional (2023)”, análisis crítico en el que se identificaron profundas preocupaciones respecto a la propuesta constitucional presentada por el Consejo Constitucional que se vota este domingo 17.
Raúl Méndez Gacitúa, Natalie Rojas Vilches y Felipe Ruiz Bruzzone, autores del estudio, afirmaron que la Constitución de 1980, impuesta por Augusto Pinochet, ha obstaculizado transformaciones democráticas necesarias en diversas áreas como relaciones laborales, derechos sociales, medio ambiente y estructuras democráticas, y postularon que la propuesta del Consejo Constitucional, en lugar de abordar estos problemas, agrava las deficiencias actuales y consagra un programa de gobierno de la derecha más extrema del país, según reza una nota del diario El Mostrador.
“Desde una perspectiva política, la propuesta se percibe como maximalista, desconfiada de la democracia y alineada con la visión conservadora de la derecha política. En términos jurídicos, presenta deficiencias en su redacción, generando confusión y contradicciones que podrían aumentar la litigiosidad y judicialización. La falta de claridad contribuye a la incertidumbre y no contribuye a la construcción de certezas necesarias para la sociedad chilena”, señalan los analistas.
Cuatro ejes de análisis
Estos son los cuatro ejes a los que apunta el análisis de Nodo XXI:
1.- Estado Social y Democrático de Derecho y Derechos Sociales
La propuesta socava la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho al construir una institucionalidad incapaz de ejercer un rol relevante en la realización de los derechos sociales.
La subsidiariedad se impone, favoreciendo los intereses económicos de las grandes empresas y proponiendo una reforma tributaria encubierta.
En materia de derechos sociales, la propuesta es más restrictiva que la Constitución de 1980, constitucionalizando las industrias de AFP e ISAPRES y bloqueando la posibilidad de garantizar una educación pública y de calidad.
2.- Género y Feminismo
La propuesta amenaza conquistas democráticas relacionadas con la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, obstaculizando el cumplimiento de la ley de aborto en tres causales y limitando la discusión sobre cuidados como un problema público.
La objeción de conciencia se constitucionaliza sin restricciones, abriendo la puerta a la discriminación.
No se considera la paridad como un principio a implementar en el proceso democrático.
3.- Medio Ambiente
La propuesta retrocede en estándares internacionales al vincular la protección ambiental al paradigma de la sustentabilidad, poniendo el desarrollo económico como antagónico al cuidado del medio ambiente.
Ignora la crisis climática y dificulta la construcción de herramientas efectivas para enfrentarla.
No reconoce el derecho humano al agua de acuerdo con estándares internacionales.
4.- Democracia, Sistema Electoral y Sistema de Partidos
La propuesta restringe la autonomía de las organizaciones de trabajadores y dificulta la introducción de reformas constitucionales a futuro.
Aumenta el quórum de reforma constitucional y elimina avances propuestos para combatir la fragmentación política y favorecer la representación.
No avanza en el reconocimiento de los pueblos indígenas ni incorpora principios de paridad en los órganos del Estado.
Los autores del estudio concluyeron que “la propuesta del Consejo Constitucional representa un retroceso de varias décadas en términos constitucionales y democráticos, pues no responde a las necesidades sociales que motivaron la búsqueda de una nueva carta magna y, en cambio, consagra una visión parcial y conservadora”.
Finalmente, señalaron que “la propuesta no contribuye a la ampliación de las posibilidades de deliberación democrática, siendo esencial para el país un texto que permita realizar cambios significativos y vivir mejor como sociedad”.
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