Decenas de indígenas de Guatemala cumplieron este miércoles un total de 45 días de protestas frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus acciones contra las elecciones celebradas este año.
Los manifestantes se han mantenido en un plantón frente a la sede de la Fiscalía, en la Ciudad de Guatemala, desde el 2 de octubre y han advertido que no se van a retirar hasta que el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, tome posesión el próximo 14 de enero.
La inconformidad de los manifestantes se debe a que, desde el pasado 12 de julio, la cúpula de la Fiscalía, junto al juez penal Fredy Orellana, ha realizado allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y secuestrado los resultados electorales del pasado 20 de agosto.
De igual forma, también han intentado cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León.
El plantón fue acompañado por decenas de mujeres indígenas que marcharon desde la Corte Suprema de Justicia hasta la sede de la Fiscalía para apoyar a los manifestantes.
“La defensa de la democracia nos llama a mantener las protestas hasta que las autoridades electas tomen posesión el 14 de enero para que se respete la voluntad del pueblo”, declaró Claudia González, integrante del colectivo Mujeres por la Democracia.
De acuerdo con las autoridades indígenas que encabezan las protestas, las acciones en las calles se mantendrán hasta enero y también esperan que la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, acepte las acciones legales que han implementado para buscar la destitución de la fiscal general.
Durante la protesta en las principales avenidas de la capital guatemalteca, las mujeres indígenas realizaron ceremonias mayas con flores y velas para pedir por el cese de la crisis política del país.
Diversos actores de la comunidad internacional, como el Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), han condenado la intervención judicial de la Fiscalía contra los comicios por considerar que es un atentado contra la voluntad popular.
Por su parte, Arévalo de León, ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
El líder progresista, de 64 años, ganó las elecciones de forma sorpresiva en un proceso caracterizado por la exclusión de candidatos críticos del gobierno y el rechazo de la población a los políticos tradicionales.
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