(Desde Montevideo, Uruguay) - Una ley de 1941 de Uruguay establece que las personas mayores de 21 años pueden ser declaradas en “estado peligroso” cuando su conducta y “su estado psicológico y moral” evidencian que representan un “peligro social”. La norma, que ha quedado en desuso y es cuestionada por organizaciones de derechos humanos, define a varias personas que pueden ser declaradas de esa manera: los “vagos”, “mendigos”, “ebrios y toxicómanos habituales” y los “proxenetas”.
Los empresarios turísticos del departamento de Rocha, uno de los principales destinos de Uruguay en el verano donde se encuentran playas como La Paloma, La Pedrera y Punta del Diablo, le solicitaron al Ministerio del Interior que la ley se vuelva a aplicar en la temporada alta.
La Corporación Rochense de Turismo –la gremial empresarial que reúne a los empresarios de la zona– se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para conocer el plan de seguridad de cara a la próxima temporada. La presidenta del grupo, Delavir Amarilla, dijo a Subrayado que pedirán a la Fiscalía que se aplique la conocida como “ley de vagancia”. “Sabemos que se aplicó en Punta del Este y Maldonado, y funcionó. Rocha también lo tiene que tener y veremos qué receptividad tenemos a ese pedido”, señaló la empresaria.
El ministro Heber dijo que, si la Fiscalía así lo decide, la Policía uruguaya apoyará las medidas y definió como un “buen instrumento” a la “ley de vagancia”.
La reunión con los operadores turísticos de Rocha fue una de las últimas actividades al frente de la cartera, dado que debió renunciar tras el escándalo político desatado en torno al caso Marset.
Amarilla contó que en la temporada de verano se dan más robos de los que se difunden porque los operadores turísticos no hacen siempre la denuncia.
Los empresarios también consultaron cuál sería el plan para los “micro destinos”, que son aquellas zonas que no tienen móviles policiales o tienen pocos agentes.
La ley de vagancia define como “vagos” a aquellos que “no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entregan a la ociosidad”. Los mendigos, en tanto, son quienes son “aptos para el trabajo” y se dedican “a mendigar públicamente”.
La “ley de vagancia” ha sido históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que la norma es discriminatoria y viola los derechos humanos, consignó Telenoche.
En el verano del 2012, la ley fue objeto de controversia en Punta del Este, porque la policía reforzó la vigilancia durante la temporada alta y aplicó la ley para detener a personas que eran consideradas sospechosas. En esa ocasión, los funcionarios decidían expulsar a las personas que no podían demostrar que estaban en la zona por trabajo u otro motivo que las autoridades consideran válido.
Ese verano, el jefe de Policía de Maldonado, Juan Daniel Balbis, defendió la actuación de la policía en declaraciones con BBC Mundo. “El Parlamento aprobó la ley de vagancia en 1941 y nunca fue derogada”, dijo.
La norma cayó en desuso durante muchos años, pero se volvió a utilizar ante el aumento de la seguridad. Balbis destacó que su uso era para prevenir y no “reprimir” la delincuencia y aseguró que los detenidos tienen “plenas garantías”.
En julio, el diputado de Maldonado Diego Echeverría también pidió que se vuelva a aplicar la “ley de vagancia”. La consideró un instrumento legal que, “bien utilizado,” podría sumar para encontrar soluciones de seguridad, según publicó La Diaria.
La aplicación de la ley le dio notoriedad pública a la jueza penal Adrian Graziuso, que solía decretar esta medida. Primero trabajó en Maldonado y luego en Ciudad de la Costa (Canelones), dos lugares en los que apeló a esta alternativa.
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