El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido este martes, tal y como estaba previsto, el proceso electoral de 2023, haciendo así oficial los resultados de las elecciones de agosto, en las que salió vencedor contra todo pronóstico el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo.
“En cumplimiento del calendario electoral, y respetuosos del marco legal (...), se validaron los resultados electorales y como consecuencia, se concluye el proceso electoral y con ello se oficializan los resultados de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano 2023″, señala la nota del TSE.
El TSE también reconoce la labor de los más de 125.000 ciudadanos que formaron parte de las juntas electorales en primera y segunda vuelta y que facilitaron la organización y la gestión de aquellos comicios, cuyos resultados, enfatiza son “inalterables”, garantizando así la alternancia de poder y la democracia.
Con esta decisión, el TSE rechaza así una demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos políticos que pretendían alargar el periodo electoral hasta el 15 de enero, con vistas a impedir que la Fiscalía pudiera poner en entredicho la investidura de Arévalo.
Por tanto, Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, deberán tomar posesión de sus cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente, el 14 de enero, así como el resto de cargos electos si finalmente no prosperan los intentos de la Fiscalía por cancelar el Movimiento Semilla, al que acusan de irregularidades en su formación, con la inclusión como afiliados de personas fallecidas.
Los principales instigadores de esta causa --cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala-- son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluida esta última en una lista de agentes corruptos elaborado por Estados Unidos.
Por otra parte, el pasado siete de octubre, el gobierno de Guatemala solicitó la Organización de Estados Americanos (OEA) que acompañe y observe el proceso de transición en el país, sumido en una crisis política y social por las protestas que piden la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a quien acusan de socavar la democracia e intentar evitar que Arévalo tome posesión en enero.
En una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller guatemalteco Mario Adolfo Búcaro Flores dijo que el paro nacional había limitado el derecho a la libre locomoción y otros derechos constitucionales, y pidió iniciar un proceso de diálogo.
“Considerando el compromiso que ha demostrado la OEA con Guatemala (…) me dirijo a usted derivado de los últimos acontecimientos suscitados en el país”, escribió Búcaro.
Almagro aceptó la solicitud en un mensaje en la red social X. “Aceptamos la solicitud del Gobierno de Guatemala para efectuar tareas de mediación entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el Gobierno”, dijo.
Las manifestaciones se desataron tras los allanamientos realizados por el Ministerio Público (MP) por supuestas irregularidades en el proceso electoral que dio la victoria a Arévalo, y la negativa de la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar estas acciones.
Nuevas sanciones de EEUU
Por su parte, Estados Unidos reaccionó destacando a través del portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, que “el pueblo guatemalteco ha hablado” y que “sus voces deben ser respetadas”.
Washington señaló a la Fiscalía guatemalteca por intentar interrumpir la transición pacífica del poder en Guatemala, recordando cómo confiscó materiales electorales bajo custodia del TSE y pidió el cese de las autoridades encargadas de velar por el derecho a la protesta pacífica.
“Estamos imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos por socavar la democracia y el Estado de derecho”, entre los que funcionarios de la Fiscalía y otros actores de los sectores público y privado”, señaló Miller en el comunicado.
(Con información de Europa Press)
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