
El líder opositor boliviano y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, seguirá en prisión preventiva por tres meses más por su presunta participación en el caso que el Gobierno llama “golpe de Estado I” contra el ex mandatario Evo Morales en 2019, según dictaminó este miércoles la justicia de Bolivia.
Camacho, que se presentó a la audiencia virtual con su banda de gobernador, cargo que ejerce pese a su detención desde finales del año pasado, acusó al juez de actuar bajo las órdenes del Gobierno y dijo que asumía su encarcelamiento con “honor y dignidad”.
“La banda que llevo representa la voluntad de un pueblo digno, un pueblo valiente que no quiere ser sometido por un partido de Gobierno y si hoy me tocó estar aquí (en prisión), yo lo asumo siempre con honor y dignidad”, señaló el gobernador.
El caso “golpe de Estado I” investiga los hechos que llevaron a la renuncia de Morales tras unas elecciones cuestionadas por supuesto fraude, que para el oficialismo significaron una “ruptura constitucional”.
Camacho está imputado por terrorismo y sedición, entre otros delitos, y cumple detención preventiva en un penal en el altiplano de La Paz, a más de 4.000 metros de altitud. Esta es la segunda vez que se amplía su detención preventiva.
“Han querido quebrarme de mil maneras en esta cárcel, pero no lo van a lograr (...) le entregué mi libertad a mi pueblo porque así lo permití”, remarcó Camacho.

Además de este caso, el gobernador enfrenta otros tres procesos judiciales, algunos por cuestiones administrativas.
La semana pasada, Camacho fue trasladado a un hospital para someterse a estudios médicos recomendados por un informe privado que estableció que su vida estaba “en riesgo” y tras siete horas retornó a prisión.
Sus familiares expresaron su temor ante una posible manipulación de los resultados médicos por parte del Gobierno.
El hijo del gobernador deploró el “show policial al que fue expuesto” su padre durante su traslado al Hospital del Sur, en la ciudad de El Alto, y posterior retorno al centro penitenciario de Chonchocoro, donde está preso desde fines de 2022.
El operativo “fue una afrenta a una autoridad electa y su familia” y vulneró los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo.
Camacho Parada reconoció que, si bien se le permitió acompañar al gobernador al hospital, no estuvo presente durante todos los exámenes que le hicieron e inicialmente le mantuvieron en un pasillo “sin contacto” con su padre “y bajo la vigilancia permanente de un oficial de policía altamente armado”.

El hijo del opositor insistió en que hubo “hermetismo” y cuestionó que los resultados se envíen primero a Limpias y no al juez que instruyó la junta médica que hizo posible que Camacho sea sometido a estudios especializados.
“No tenemos duda de que este modo de actuar sólo tiene un propósito, el de esconder los resultados reales” y “también de adulterarlos”, afirmó.
El gobernador padece del síndrome de Churg-Strauss, una enfermedad que inflama los vasos sanguíneos y puede dañar los órganos, por lo que necesita una medicación especial y controles constantes, y también sufre de hipertensión arterial.
La preocupación por su situación se dio luego de que en una audiencia virtual de finales de julio se le viera mucho más delgado y, según su defensa, con un “evidente deterioro de su salud”.
(Con información de EFE)
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