Un Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador condenó a 634 años de prisión a un líder de la Mara Salvatrucha (MS13) por su participación en 23 homicidios y otros delitos, informó este martes Centros Judiciales.
La fuente identificó al pandillero como Amadeo Yovany Hernández Perla, alias “Grillo”, quien también fue procesado por dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada, robo agravado, hurto y homicidio tentado.
Los hechos fueron perpetrados entre 2011 y 2017 en diferentes municipios del país, indicó Centro Judiciales sin detallar si Hernández Perla fue capturado en el contexto de un régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir a las pandillas.
La fuente tampoco precisó los años de cárcel impuestos al líder de la MS13 por cada homicidio cometido.
Régimen de excepción
Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo.
Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
“Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento.
La nueva extensión entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
La Iglesia católica pidió al gobierno de El Salvador que evite encarcelar a inocentes en el marco de la “guerra” contra las pandillas.
“Si queremos revertir la historia desde los pobres, es necesario en primer lugar seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes, y para la pronta liberación de los inocentes encarcelados”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una homilía en la Catedral de San Salvador.
Bukele lanzó en marzo de 2022 su guerra contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso dominado por el oficialismo, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, resistieron los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
(Con información de EFE)
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