La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó la detención arbitraria de un general del ejército boliviano por la justicia controlada por el partido de gobierno y, además, la American Society (AS) y el Council of the Americas (COA) critican la corrupción en la gestión de Luis Arce.
A estas y otras críticas se suma ahora la del ex presidente Evo Morales, quien dice: “Duele que nos digan ´narco-estado´; nunca nos dijeron así en mi gobierno”, a lo que el gobierno responde diciendo que el cocalero debe ir a la escuela.
Pero el golpe más duro al cocalero fue la decisión del ministro de gobierno, Fernando del Castillo, de mandar a destruir, en solamente tres días, 26 factorías de droga en el Chapare, muy cerca de la casa de Morales, aunque sin ningún detenido, como se ha hecho costumbre.
Todo esto en medio de las burlas que dedica al gobierno el narco uruguayo Sebastián Marset desde la clandestinidad, llamando “burro” al ministro de gobierno, criticando los “secuestros” que hace ese ministro de opositores, como el gobernador de Santa Cruz. “Y ocurre que el único inculpado es el secuestrado”, dice el charrúa. Y cerró diciendo: “Si hablo, la política boliviana se va a la mierda”.
Condena de la CIDH
Pero la condena que preocupa más al gobierno es la que hace la CIDH, que solicitó información complementaria sobre la vulneración de los derechos del ex comandante del Ejército, general Pastor Mendieta, que se encuentra recluido desde hace 29 meses en la cárcel de La Paz, por el denominado caso ‘golpe de Estado I’.
Mendieta es uno de los 24 militares en ejercicio que están detenidos, entre ellos otros tres generales y dos almirantes, en la causa abierta por exigencia del cocalero Morales para castigar a los oficiales que formaban parte del alto mando de las Fuerzas Armadas cuando él decidió renunciar y huir a México en noviembre de 2019.
Los jefes militares de ahora han optado por no referirse siquiera a sus camaradas presos, a pesar de que el general Jorge Terceros, que fue comandante de la Fuerza Aérea, insiste en su defensa y exige que los jueces llamen a los ministros y seguidores de Morales que en 2019 lo escucharon cuando pedía que le ayuden a dejar la presidencia para poder escapar del país.
Terceros fue el general preso que reveló cómo fue que el ministro de defensa de Morales, Javier Zavaleta, llegó a proponer al comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, que se convierta en presidente en vista de que los masistas que podían asumir la presidencia por sucesión constitucional estaban renunciando en cadena. Y relató que Kalimán se negó a hacerlo.
Son 265 los presos políticos por esa causa y se presume que la CIDH se interese por todos ellos luego de recibir las respuestas del gobierno a su observación sobre el caso del general Mendieta.
Cruce entre Morales y el ministro de Justicia
Esto se agrava y podría complicarse por las acusaciones que hizo ahora Morales al ministro de justicia, Iván Lima, a quien acusa de estar empeñado, como abogado, en un juicio al Estado boliviano para obtener 35 millones de dólares. “Gran negocio, me informaron desde ahí adentro, en detalle, cómo el ministro, estando de ministro, haciendo procesar al Estado por 35 millones de dólares. Eso es, como mínimo, 10% para el bufete va a ser 10 millones de dólares y va a ganar”.
Lima le ha respondido diciendo que debe ir a la escuela y tomar clases de aritmética para no decir que 10% de 35 es 10. “”Vaya a pasar clases de matemáticas señor Morales, siendo presidente 14 años esperaríamos que hubiera tenido mejor sentido su crítica y su posibilidad de argumentar. No la tiene”. Y añadió: “Es una persona que no quiere respetar la Constitución y lo ha demostrado siempre”.
De esa manera, la rivalidad de Luis Arce con Morales se pone nuevamente al rojo vivo cuando falta un mes y medio para el congreso del MAS
Mientras tanto, un estudio hecho por el “Anticorruption group” de la AS-COA dice que Bolivia y Venezuela son los países más corruptos de la región. Lo peor, según el informe, es que la actitud de la ciudadanía boliviana y de los medios de comunicación para combatir, o por lo menos repudiar la corrupción, es la más baja de la región.
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