En Chile, una acusación constitucional es un mecanismo de control político que faculta al Congreso a entablar un juicio político contra determinadas autoridades el Gobierno a las que se les exige responsabilidad política por alguna situación.
Si el Senado considera que la acusación procede, el funcionario quedará destituido automáticamente de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años.
Pues bien, mañana se la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional que presentó la derecha en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila.
Entre otras cosas, argumenta que se ha normalizado la violencia en distintos establecimientos educativos, cuyas consecuencias se han visto en los pobres resultados de las últimas evaluaciones de aprendizaje, también de la profundización en al ausentismo escolar, a lo que últimamente han agregado líos de plata en Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas).
Pero, principalmente, por dos acápites tienen que ver con la acusación de priorizar una agenda con foco en la diversidad sexual vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Ante la comisión encargada de la acusación, Francisco Cox, abogado de Ávila afirmó que la mentada acusación no reunía ningún requisito formal.
“Debo manifestar mi sorpresa. Esta es una acusación de slogan, de cuñas, de Twitter, cualquier cosa, menos de causales constitucionales para romper la separación de poderes”.
Ayer, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la acción impulsada por la oposición “se basa en la homofobia y discriminación. Es muy poco serio e irresponsable”.
Agregó que no hay argumento que sustente la acusación. “Esperamos que en el análisis del mérito de esta acusación no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, afirmó.
Y así fue: hoy, la comisión revisora rechazó la acusación. Pero este rechazo no es vinculante y opera solo como una recomendación. Por lo tanto, la acusación igual será votada mañana.
Su condición
Pese a que parlamentarios de derecha han hecho un intento darle sustento y profundidad a la acusación, hay aportes que le han terminado dando la razón a la ministra Vallejo.
Por la comisión revisora desfilaron expertos de peso y otros no tanto. Invitada por el diputado de derecha Miguel Becker, integrante de la comisión, llegó ayer Marcela Aranda, quien acudió como representante del Observatorio Legislativo Cristiano y ex promotora de la vista en Chile del Bus de la Libertad.
Aranda recordó unas palabras del presidente Gabriel Boric en las que dijo que “no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones si especiales respecto de una política pública por ser homosexual”. Porque sí, el Marco Ávila es el primer ministro abiertamente homosexual que ha tenido Chile.
Marcela Aranda dijo que “cuando escuchamos esto nos asustamos porque el ministro tiene que dar explicaciones si es que su condición impide o afecta la ejecución de su cargo y si vulnera los derechos de otros, incumple las leyes o la Constitución”.
Cabe recordar que algunos de los programas de orientación sexual que promueve el ministerio de Educación nacen de la administración anterior, cuando el presidente era Sebastián Piñera.
La invitada añadió que “su activismo (el del ministro) LGBTIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y ha cruzado el límite de transgredir el derecho de los padres, los niños y las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.
Sus palabras generaron un amplio rechazo en el oficialismo. Incluso el Presidente Boric abordó el tema en Twitter y también en su cuenta en Instagram. “Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debería ser aceptable en nuestra sociedad”, escribió el mandatario.
El diputado Becker luego afirmó en CNN Chile que ni no había discriminación ni homofobia en la acusación “La propia diputada Naveillán ha dicho abiertamente que tiene un hijo que es homosexual, así que ella no tiene problema con eso y yo tampoco tengo problemas de homofobia en la medida que no se metan con mis hijos o hijas”. Eso sí, el detalle está en que el parlamentario tiene hijos adultos. Esta mañana reculó y dijo que las declaraciones de Marcela Aranda no habían aportado en nada.
Pervertido
En un programa de radio, además, la diputada María Luisa Cordero, quien es médico siquiatra, se refirió al ministro como “pervertido” y “gordito enfermo”.
Explicó que la acusación no se basaba en el lío de Junaeb, sino en “una incitación a la precocidad sexual”.
Dijo que le parecía “insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso” que Ávila esté “preocupado de la incitación a la sexualidad, que tenga activo y reactivo el clítoris en vez de estar llorando porque hay niños que ni saben leer”.
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