(Desde Montevideo, Uruguay) La de Sebastián Marset podía ser la vida de un futbolista profesional, de un productor musical, de uno agropecuario, de un contratista o la del dueño de un taller. Pero todas esas facetas que este uruguayo de 32 años fue en algún momento de su vida escondían su verdadera vida: la de un pesado narcotraficante.
La polémica en torno a su nombre se hizo pública cuando se conoció que el gobierno uruguayo le había otorgado un pasaporte que le permitió escapar de la justicia paraguaya. Antes, Marset había sido detenido en Dubái, por intentar cruzar a Turquía con un documento falso.
Al no poder ser liberado a través del embajador uruguayo en Qatar, Ángel Barchini, Marset solicitó al gobierno uruguayo que le otorgara el pasaporte en el consulado en Emiratos Árabes Unidos. En noviembre de ese año, la Dirección Nacional de Identificación Civil –la oficina del Ministerio del Interior encargada de otorgar los pasaportes– le imprimió uno a Marset, con vigencia hasta 2031. Un mes después, quedó en libertad.
La noticia generó una serie de cuestionamientos a las autoridades relacionadas a la entrega de pasaportes. Los jerarcas del Ministerio del Interior y la Cancillería debieron dar explicaciones por haberle dado el documento al narcotraficante al Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo.
Los jerarcas argumentaron que no sabían que Marset era un narcotraficante al momento de entregar el pasaporte.
Tras esa comparecencia, la Fiscalía uruguaya inició su investigación de oficio. Este miércoles, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, citó a declarar en calidad de indagados a los ministros Luis Alberto Heber y al canciller Francisco Bustillo para que dieran sus explicaciones.
El vocero de Fiscalía aclaró que la citación como indagados no significaba que los ministros tuvieran algún grado de culpabilidad en el caso, sino que les permite que puedan asistir a la audiencia con un abogado.
También fue citada como indagada la ex vicecanciller Carolina Ache, quien debió renunciar a su cargo luego de que trascendiera un chat en el que un jerarca del Ministerio del Interior le advertía que Marset era un “narco muy peligroso y pesado”, como informó La Diaria.
El WhatsApp de la cónsul
Antes de que el gobierno uruguayo le expidiera el pasaporte, Marset había buscado conseguirlo por varios mecanismos. Primero en 2020, a través del consulado en Asunción del Paraguay, pero no lo logró, según informó este jueves la revista uruguaya Búsqueda. Luego, probó con el consulado del país en Santa Cruz de la Sierra.
En Bolivia, tampoco tuvo éxito: una investigación abierta del Juzgado de Crimen Organizado trancó el trámite. Entonces Marset probó obtener el pasaporte una tercera vez en el Consulado de Emiratos Árabes. La actuación de quien por entonces era la cónsul en el país, Fiorella Prado, fue clave.
La funcionaria diplomática modificó el trámite que Marset había iniciado en Bolivia, lo que permitió que se iniciara un nuevo proceso de expedición de pasaporte. Sin esa modificación, el trámite no habría prosperado.
El dato surge de los mensajes que Prado envió a distintas personas.
En un audio, divulgado por Búsqueda, Prado dijo: “Él tenía un trámite iniciado en Santa Cruz de la Sierra y nunca había sido anulado. Entonces, como ya había un trámite pendiente, no me dejaba seguir. Lo que hice para ganar tiempo –en vez de esperar a que se despierte Bolivia, hacer la consulta, esperar a que ellos lo anulen– yo empezar otro acá de nuevo. Fue tomar ese y a partir de ese cambiar todos los datos, actualizarlos, y me dejó”.
La diplomática envió ese mensaje al abogado de Marset, Alejandro Balbi, y es parte de la documentación de una investigación administrativa que la Cancillería realizó sobre el caso. En agosto, El Observador había informado que Prado había solicitado instrucciones a Cancillería en al menos dos ocasiones sobre cómo proceder en la tramitación y expedición del pasaporte.
Prado actualmente es la cónsul adjunta de Uruguay en San Francisco.
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