
(Washington, Estados Unidos) - El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro respaldó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la disputa que lleva adelante con la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sobre las investigaciones contra algunos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno.
Almagro, que esta semana realizó una visita oficial a aquel país, emitió una declaración luego de terminar la gira y retornar a Washington, en la que afirma que “los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales” y aseguró que eso está “respaldado por la los tratados internacionales de Derechos Humanos, y especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La tesis del secretario general de la OEA es la misma que esgrimió Petro en su polémica con Cabello. La fiscal general lleva adelante investigaciones que en algunos casos ya derivaron en la suspensión de algunos legisladores y que avanza ahora para suspender también al senador oficialista Wilson Arias.

Petro sostiene que de esta manera su gobierno está sufriendo “un golpe blando”, porque un órgano jurisdiccional que no tiene potestades penales no puede suspender a funcionarios electos por el voto popular. Para eso, el presidente se basa en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su favor, que estableció en julio de 2020 que el Estado colombiano se equivocó al destituir e inhabilitar a Petro en su cargo de alcalde en 2013, porque el proceso fue llevado a cabo por la Procuraduría General y no por la justicia penal.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención, que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos”, dijo Almagro en su declaración. “Es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio, que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho”, agregó el secretario general de la OEA.
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Según Petro, lo que está haciendo la procuradora es evitar la sentencia de la CIDH sobre su caso. “Abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”, dijo el presidente. “No se pueden quitar derechos políticos por autoridades administrativas. Eso es inconstitucional, ilegal”, agregó Petro.
En el gobierno cuestionan que haya intencionalidades políticas de Cabello, porque fue ministra de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. La procuradora defendió su actuación. “No tengo tiempo para controvertir. La verdad es que a la Procuraduría General de la Nación llegan 3.000 o 4.000 solicitudes diarias de los ciudadanos pidiendo el apoyo de esta entidad (...) Imagínense ustedes si yo tiempo de ocuparme en otras cosas es casi que imposible”, dijo.

“Nosotros tenemos muchas investigaciones contra servidores de elección popular, no solamente contra servidores del Pacto Histórico. Mucho es lo que se les ha archivado, muchos son los conceptos que hemos dado frente a este partido en donde solicitamos absolución frente a investigaciones de pérdida de investidura y contra muchos servidores, allá no hay color”, agregó Cabello.
Los casos
Esta semana, la procuradora anunció que realizará un juicio disciplinario al senador oficialista de Colombia Wilson Arias por acusar a un grupo de policías de torturar manifestantes que hicieron un piquete. El senador emitió un video este lunes señalando presunta persecusión de la procuradora Cabello. “Busca suspenderme del Congreso, lo mismo que lleva buscando durante un año la derecha colombiana. Esta es una clara política de persecución en mi contra”, dijo Arias.
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Otro legislador de Pacto Histórico, la coalición de gobierno, Álex Flórez, fue suspendido por ocho meses por llamar “asesinos” a policías que lo detuvieron borracho en Cartagena en setiembre del 2022 cuando funcionarios de un hotel llamaron a los efectivos por un incidente en el lugar.
Según el fallo de la procuraduría, el legislador, que aún sigue en funciones porque apeló, “desconoció el principio de moralidad”.
La visita de Almagro
El secretario general de la OEA estuvo en Colombia esta semana y mantuvo reuniones con diversos actores de la sociedad. Este jueves se reunió con el canciller Álvaro Leyva. El miércoles también se reunió con el ministro de Defensa Ivan Velasquez y con legisladores.

También mantuvo reuniones con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en el marco del apoyo de la OEA a los diálogos de paz en Colombia.
El mes pasado, cuando Petro visitó la OEA, Almagro dijo que el presidente colombiano era “uno de los líderes más influyentes del mundo”.
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