El embajador de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, sugirió en un foro organizado por el Diálogo Interamericano en Washington este miércoles que el crimen organizado estaba azuzando las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en las que murieron 56 personas en 50 días. Polemizó también con la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, y el director de Human Rights Watch, Cesar Muñoz, por calificar de “masacre” lo sucedido entre diciembre y enero.
“En el informe de Human Rights se indican los lugares donde estuvo la protesta. Juliaca: ¿saben qué pasa en Juliaca? Está la mina de oro ilegal más grande del Perú, La Rinconada, con trata ilegal. Chala, en Arequipa, minería ilegal de oro y trata de personas. Pichanaqui: narcotráfico y terrorismo. Chao, las alturas de la libertad: minería ilegal. Coincidentemente en cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta que así ha registrado Human Rights, es donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados. De estos cárteles. Claro, es una conjetura del embajador Adrianzén. No podemos decir que efectivamente ellos han financiado la protesta. Pero es una coincidencia extraña que quiero revelar aquí”, dijo el embajador peruano.
Según Adruanzén, las protestas alimentaban indirectamente la corrupción en Perú porque quienes están detrás del crimen organizado y la minería ilegal se ven favorecidos por el clima político enrarecido. “En los 17 meses de gobierno de (Pedro) Castillo campeó la impunidad. Entonces había que derrocar a Boluarte. Había que volver al status quo y seguir con este crimen organizado y estos actos de corrupción”, dijo Adruanzén.
Muñoz, de HRW, contestó en el foro que se debe “parar de pintar las protestas como un complot de unos intereses oscuros políticos y de criminales”. Dijo que si bien “hay que reconocer que hay una insatisfacción y demandas políticas” como celebrar elecciones anticipadas, lo que más hay es “una insatisfacción y descontento que es crónico”.
Del debate también participaron de manera remota desde Perú el ex ministro de Economía de Perú, Luis Miguel Castilla; y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara; y fue moderado por el periodista Gustau Allegret.
La nueva directora del programa sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, destacó que América Latina y especialmente Perú enfrenta “enormes desafíos para la democracia y estado de derecho” y que en Perú en particular, un aspecto positivo es que hay “instituciones que han respondido”, tanto “al golpe fallido” de Pedro Castillo como a “las denuncias infundadas de fraude” electoral que había realizado la derecha en las últimas elecciones cuando ganó Castillo. “El desafío es cómo fortalecer la democracia desde adentro”, dijo Taraciuk.
Los informes de Derechos Humanos
Tanto la vicepresidenta de la CIDH como el director de Humans Rights Watch reseñaron los informes realizados por ambas instituciones en Perú. Destacaron como aspecto positivo que el gobierno los haya dejado trabajar libremente y en el caso de la CIDH colaborando en dos visitas.
También los dos destacaron que lo que pasó en Perú fue un intento de ruptura del orden institucional que las propias autoridades pudieron encauzar dentro del marco legal, procediendo a una sucesión bajo el amparo constitucional.
Pero luego, con las protestas sociales, hubo excesos. Esmeralda Arosemena destacó que el informe de la CIDH comprobó como “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme” y que “hubo episodios con graves violaciones, que podrían se calificadas de masacre”.
Ese término, que también fue utilizado por HRW, también desató una polémica con el embajador de Perú ante la OEA. “No podemos aceptar nada parecido”, dijo.
Sobre los incidentes en el aeropuerto de Ayacucho, en el que murieron 10 personas, HRW dijo que no se puede aceptar la idea de que fue una “emboscada” por parte de los manifestantes. “Para nosotros ciertamente ese fue una masacare”, dijo.
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