La Justicia de Ecuador rechazó este jueves seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto emitido el miércoles por el presidente del país, Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea y convocó a elecciones anticipadas.
La Corte, mediante un comunicado, precisó que los tres tribunales de jueces constitucionales que analizaron las demandas decidieron “por unanimidad” rechazarlas, con lo que el decreto presidencial, conocido como “muerte cruzada”, se mantiene en firme y se efectuarán elecciones generales en unos tres meses.
El boletín de la Corte precisó que “los tres tribunales que conforman la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (...) emitieron seis autos”, mediante los cuales “decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad” presentadas por ex legisladores.
“También se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado”, agregó.
En las seis resoluciones emitidas se recalcó que, “así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”.
“De esta manera, la Corte Constitucional cumple con emitir pronunciamientos oportunos en atención al momento por el que atraviesa el país”, precisó el organismo.
Luego de que la Asamblea Nacional tramitaba su censura bajo la acusación de peculado (malversación), Lasso aplicó la “muerte cruzada” para disolver el Parlamento, adelantar las elecciones generales y gobernar a través de decretos ejecutivos.
El mandatario, que el próximo 24 de mayo cumplirá 2 años en el poder, de los cuatro para los que fue elegido, podría presentarse a los comicios presidenciales y legislativos anticipados, cuyos cargos durarán hasta 2025.
Lasso era procesado en la Asamblea por un caso de supuesta malversación en un contrato de transporte de crudo entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía privada Amazonas Tanker.
La oposición, que dominaba en la Asamblea disuelta, confiaba en tener más de los 92 votos que requería para censurar al gobernante, en una votación que debía cumplirse este sábado.
Para aplicar la “muerte cruzada”, Lasso adujo una “grave crisis política y conmoción interna”, que la oposición ha dicho que no existe, por lo que algunos legisladores plantearon sendas demandas a la Corte Constitucional, organismo que también aprobó el juicio político contra el mandatario.
El ex titular de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicela, explicó este jueves a la agencia de noticias AP que presentó una demanda personal ante ese tribunal argumentando que el decreto con el que Lasso disolvió la Asamblea no es congruente ya que no había en el país conmoción social.
“Requerimos, demandamos de la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato”, destacó Saquicela en su momento, quien pidió al tribunal que se pronuncie en un plazo máximo de dos días. A su vez sostuvo que fueron presentadas otras dos demandas: una del Partido Social Cristiano (PSC) y otra de la fuerza indígena Pachakutik.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, anticipó este jueves que las elecciones generales anticipadas podrían celebrarse el próximo 20 de agosto.
(Con información de EFE y The Associated Press)
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