El tenso episodio que ocurrió el pasado domingo en la cárcel de Ángol, en el sur de Chile, cuando un grupo de comuneros mapuches retuvo a tres gendarmes en uno de los módulos del recinto penal por más de una hora, sigue generando reacciones e intranquilizando aún más la conflictiva zona sur de Chile.
Luego de que seis de los implicados en los desórdenes fueran trasladados a diversos recintos penales, un grupo de manifestantes mapuches se acercó al centro penitenciario de Ángol, a 570 kilómetros al sur de Santiago, y realizó una manifestación en la que acusaron a las autoridades de perpetrar un “montaje político orquestado”.
“El hecho que sucedió fue una situación completamente distinta a la que se dio a conocer por los medios de comunicación”, precisó Rodrigo Curipán , vocero de los comuneros que visitaron a los reclusos y apuntando que las imágenes difundidas “fueron sacadas de contexto”, en declaraciones a radio Bío Bío.
“Una cuestión que nosotros hoy día consideramos que es un montaje político orquestado y creemos que es orquestado por Gendarmería y gente de derecha”, añadió Curipán, quien también señaló que la tensión fue escalando en el recinto a raíz de la negativa del alcaide a dialogar con los comuneros a dos meses de asumir su cargo.
“Entendemos que fue Gendarmería quien ingresó hasta el módulo comunero, una vez que se les pidió que se retiraran no quisieron retirarse (…) A raíz de esas situaciones se fue generando el hecho de que finalmente, en menos de dos o tres minutos, el resto de Gendarmería llegó acusando de que había un intento de rehenes o que había en este caso un secuestro”, expuso el vocero al medio chileno, y que calificó la situación como “montada”.
Pese a la versión de los reos y sus familiares, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, informó que el ataque podría “configurar el delito de secuestro”, luego de tomarle declaración y constatar las lesiones de los gendarmes afectados.
“Los antecedentes con los que contamos hasta el momento dan cuenta de un encierro, de la privación de libertad de funcionarios públicos que estaban cumpliendo sus funciones, en principio esa es una conducta que podría configurar el delito de secuestro, pero eventualmente no descartamos otros delitos asociados a atentados contra la autoridad”, dijo el persecutor.
En gendarmería el incidente también provocó consecuencias y fue la Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog) quien catalogó el hecho como “gravísimo” e “insostenible”. Además de exigir a las autoridades de gobierno el traslado inmediato de los responsables a una unidad de alta seguridad en la capital, los representantes plantearon la posibilidad de paralizar sus funciones a la espera de una mejora en sus condiciones laborales. Además, reclamaron contra la calificación del incidente que fue definido como “retención”, en vez de “secuestro”.
“Lamentamos profundamente la calificación que le ha otorgado la autoridad ministerial a este terrible hecho. La retención la pueden efectuar sólo los funcionarios públicos y no los delincuentes. Los delincuentes secuestran o toman rehenes, que fue lo que pasó en este caso (...) Nos mantendremos expectantes a lo que pueda ocurrir, porque se ha comunicado conmigo el director nacional, Sebastián Urra, quien nos manifestó que se efectuarán los traslados. Nadie puede estar por sobre la ley, y si se continúan con privilegios, nos veremos en la obligación de levantar la voz a nivel nacional”, sostuvo al respecto Joe González, presidente de Ansog.
De hecho, la tensión también se movilizó hasta las cercanías del penal, hasta donde arribaron familiares y cercanos a los internos, quienes increparon en duros términos al personal ubicado en el acceso. Según informaron testigos, se lanzaron piedras, botellas y otros elementos contundentes, aunque aún no se han reportado heridos o lesionados tras esa acción.
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