El Parlamento de Bolivia anunció este lunes la “supresión” del artículo 281 conocido como “mordaza”, luego de escuchar a los gremios de la prensa que se habían declarado en emergencia por la norma que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y vulneraba principios de los derechos fundamentales.
En una rueda de prensa desde la ciudad de Cochabamba, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, dijo que después de varios diálogos con diferentes sectores de la prensa se decidió la “supresión” del artículo conjuntamente con el oficialismo y la oposición parlamentaria.
“Hemos visto entre todos los miembros tanto de oficialismo como de oposición la supresión del artículo 281 ‘in extenso’ del proyecto de ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia de los diferentes sectores, en ese sentido, hay prontitud y las sugerencias” comunes, explicó Gómez.
La diputada oficialista reiteró que son “respetuosos” y “garantes” de los derechos y las garantías constitucionales, por lo que “no tiene que existir ninguna susceptibilidad” y que la comisión entiende que ningún proyecto de ley “está escrito en piedra, siempre es modificable” y “ese es el escenario siempre del diálogo amplio”.
El polémico artículo señalaba que serían sancionados de tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
Los gremios saludan la decisión
Algunos gremios como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) “saludaron” el anuncio, sin embargo, se mantendrán en “emergencia” hasta que la resolución de la comisión “cierre definitivamente” este asunto y que se revisen otras normas que atentan contra “el ejercicio de la prensa libre”.
“Esta declaración la entendemos como un compromiso para dejar sin efecto el señalado artículo que se encuentra vigente y está incorporado por el articulo 23 de la ley No 045 de 8 de octubre de 2010 contra el racismo y toda forma de discriminación”, señalaron en un comunicado conjunto.
En ese sentido, anunciaron que este lunes solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “pida explicaciones al Estado boliviano respecto a las medidas que se están tomando para que la normativa nacional guarde compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Asimismo, agradecieron “la unidad, firmeza y contundencia con las que las y los trabajadores de la prensa se movilizaron en todo el país exigiendo el respeto a los derechos y las garantías del periodismo boliviano”.
(Con información de EFE)
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