La más reciente de la encuesta Plaza Pública Cadem, revelada durante la jornada del domingo, arrojó que un 95% de los encuestados aprobaron al uso de armas de servicio por parte de Carabineros frente a hechos de violencia. A diferencia de noviembre de 2019, en pleno estallido social, esa cifra aumentó en 46 puntos.
En ese sentido, un 58% afirmó que la institución policial no cuenta con las atribuciones necesarias para el combate de la delincuencia.
Para los encuestados, esa falta de atribuciones sería el principal problema para el combate de la delincuencia, superando, incluso, al aumento de la inmigración (52%) y el narcotráfico con un 33%.
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Los resultados del sondeo, en tanto, se dieron a conocer tras una semana de la discusión en el Congreso sobre múltiples proyectos de ley relacionados con la seguridad, entre ellos, la ley Naín-Retamal, nombrada de esa forma por dos funcionarios carabineros que murieron en servicio y que se enmarca en la agenda de seguridad impulsada por el gobierno y el parlamento, en especial sobre el artículo referente a la legítima defensa privilegiada –el uso justificado de armas de servicio-, que busca ser eliminado por el Ejecutivo.
Cabe mencionar que la controversia se generó durante la discusión de artículo pues entrega a Carabineros la presunción del uso justificado de armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil, punto que fue rechazado por algunos parlamentarios de oficialismo, que votaron en contra de esta norma en la Cámara de Diputadas y Diputados.
No obstante, para el ejecutivo, la relevancia de la normativa es que se tipifica la necesidad racional en el uso de la fuerza para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida gravemente o contra su integridad física de un carabinero. Dentro de las indicaciones, el gobierno mantuvo la disposición de que el funcionario que use su arma de fuego quedará en calidad procesal de víctima o testigo, y no como imputado como ocurre en la actualidad. A su vez, no quedaría suspendido de sus funciones ni de sus remuneraciones hasta que termine el procedimiento disciplinario.
Asimismo, consultados por algunas medidas frente a la crisis de seguridad en el país, el 92% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física de Carabineros, PDI y Gendarmería.
Siguiendo esa misma línea, la aprobación de la institución de Carabineros frente al combate de la delincuencia subió de un 49%, en febrero de 2022, a un 76% en el mes de marzo. Es decir, un 27% más en alrededor de un año.
En ese mismo punto, el 71% de los encuestados aseguró que el tema de la delincuencia debería ser el área prioritaria para el Gobierno, lo que representa un aumento de 11 puntos en relación a los números de la semana pasada.
A la crisis de la delincuencia en el país le siguen: el problema de la salud con 29% y el de la economía e inflación con el 21%.
Finalmente, el 76% afirmó sentir “temor” a ser víctima de un delito y el 82% consideró que la delincuencia ha aumentado en los últimos tres meses.
Gestión de Gabriel Boric
Por otro lado la encuesta Cadem también entregó detalles con respecto a la variación de la opinión sobre el Presidente Gabriel Boric. Su apoyo cayó tan solo 1 punto en comparación a la última medición de marzo, quedando en un 29% comenzando abril.
Su desaprobación, sin embargo, también sufrió un descenso, según pudo recoger dicha encuestadora pública. La medición detalló que, con respecto a su gestión en el palacio de La Moneda, su desempeño cayó desde el 65% hasta el 63%.
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