El plan de Brasil contra la minería ilegal

La reciente emergencia sanitaria de los indios yanomami brasileños, afectados por la desnutrición y la contaminación por el mercurio, además de ser constantemente amenazados por los mineros ilegales, ha puesto bajo la mirada del mundo el drama que viven los nueve países en los que se extiende la selva amazónica, es decir Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Surinam, Guyana y Guyana Francesa.

Aunque los problemas son casi siempre los mismos, los gobiernos implicados llevan al menos una década sin presentar un frente unido, compartir una estrategia única y comparar sus experiencias. Ni siquiera los anteriores mandatos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), que también hicieron de la Amazonia su bandera política, consiguieron tener un impacto en la gestión global del pulmón verde del planeta.

El resultado es que cada uno de estos nueve países, dependiendo también del oportunismo de su propia agenda política, aborda la cuestión de la minería ilegal a su manera, a menudo incluso ignorándola, como es flagrantemente evidente en Venezuela, cuyo régimen está expoliando los recursos del Arco Minero del Orinoco.

Brasil, con sus 5 millones de kilómetros cuadrados de Amazonia, que corresponden al 59% de todo el territorio nacional, tiene mucho que reconstruir tras el desmantelamiento de las instituciones de control en la floresta perpetrado por el gobierno de Bolsonaro.

Pero a pesar de la mediatización de la crisis yanomami, el camino parece ahora cada vez más cuesta arriba para combatir la minería ilegal, porque detrás de la explotación del oro se esconde la sombra negra del crimen organizado, contra el que es necesaria una estrategia de impacto para eliminar el problema de raíz.

Ayer salió la noticia de una importante operación de la Policía Federal en el estado de Amazonia que incautó cerca de 2.000 millones de reales, unos 384 millones de dólares, a una red criminal que falsificaba los recibos fiscales de los vendedores de oro, transformándolo de ilegal a legal. La trama delictiva permitió el contrabando de por lo menos 13 toneladas de oro a Italia, Suiza, China y Emiratos Árabes Unidos. Pero la gran papa caliente ahora para el gobierno de Lula es cómo manejar el problema de los mineros, conocidos como “garimpeiros”.

A medida que las autoridades se adentran en el territorio más los garimpeiros se alejan hacia zonas de difícil acceso, poniendo en peligro a otras comunidades indígenas. Según el Consejo Indígena de Roraima (CIR), al menos 14 etnias diferentes están ahora amenazadas por los mineros ilegales que huyen de las tierras yanomami, entre ellas las makuxi, wapichana, ingarikó, patamona, taurepang, ye’kwana y waiWai.

Y a pesar de que hace unas semanas el gobierno de Lula anunció un plan de tolerancia cero como respuesta mediática a la emergencia yanomami, desde hace algunos días está volviendo sobre sus pasos, consciente de que el enfrentamiento con los garimpeiros corre el riesgo de desencadenar una guerra con el crimen organizado.

Así, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) anunció en los últimos días la reapertura parcial del espacio aéreo sobre el territorio yanomami “para permitir la salida de los mineros ilegales”. “Arrestar a 15.000 garimpeiros es estrictamente imposible”, dijo ayer el ministro de Justicia, Flávio Dino, según el cual será necesario, en cambio, ir directamente a la fuente, “a quienes financian y blanquean las ganancias”, es decir las empresas que operan en los estados de San Pablo, Pará, Mato Grosso, Brasilia y Minas Gerais y que actúan bajo la llamada “presunción de buena fe” sobre el origen del oro comprado.

Resulta paradójico que la ley de presunción de buena fe, que permite la comercialización del oro basándose simplemente en la información proporcionada por el vendedor y que exonera al comprador en caso de ilegalidad, fue propuesta por un diputado federal del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, Odair Cunha, como enmienda a la ley nº 12.844, de 2013, que se trataba un asunto que nada tenía que ver con la minería, sino que se refería a un fondo de garantía para la agricultura.

El gobierno de Dilma Rousseff la ratificó entonces, creando una base legal llena de lagunas que el crimen podía llenar, como luego hizo.

“Fue precisamente en esos años cuando algunos grupos criminales se trasladaron a Manaus atraídos por las nuevas posibilidades de la minería”, explicó a la prensa brasileña Samuel Souza, ex director de Protección Ambiental del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

Los datos de Mapbiomas, una iniciativa del Observatorio del Clima, lo confirmaron. La minería ilegal se ha disparado desde 2015. La tasa de asesinatos también ha aumentado cerca de un 20% en las zonas indígenas y de conservación bajo las que hay yacimientos de oro.

“El oro ha servido y sirve a los traficantes para resolver el problema de cómo manejar las maletas de dinero que se ganan con el narcotráfico. Para esconder 100 millones de dólares se necesita una habitación, pero si convierto ese dinero en lingotes de oro una maleta será suficiente”, dijo Souza.

Por lo tanto, es urgente modificar la Ley 12.844, como parece querer hacer el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, según el cual la Corte intervendrá en breve.

La ley, tal como está estructurada, también restringe la fiscalización del Banco Central a las instituciones financieras autorizadas a operar con oro, las llamadas Sociedades de Valores Mobiliarios y de Distribución de Valores Mobiliarios (DTVM).

También limita las sanciones penales a estas entidades en caso de que una investigación demuestre que el oro procedía, por ejemplo, de una reserva medioambiental. Además de los principales grupos criminales, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, otros grupos extranjeros están interesados en la minería ilegal, especialmente los italianos. Joseph Bruzzese, narcotraficante de la mafia italiana ‘Ndrangheta, fue detenido en 2022 en el estado de Goiania. Era socio de una empresa minera.

Para la Policía Federal brasileña, otra empresa italiana también compraba oro brasileño ilegal con el que abastecía a gigantes informáticos como Google, Microsoft y Amazon, que utilizan pequeñas porciones de oro en sus productos electrónicos.

Según investigaciones del Ministerio Público Federal, la idea de minería artesanal, como también la define la legislación brasileña, está desfasada en la realidad. Las inversiones para extraer oro son muy elevadas y presuponen la existencia de grandes inversores. Las balsas que se utilizan en la minería ilegal cuestan hasta 2 millones de reales (380.000 dólares), para una inversión total, incluida la maquinaria, que puede superar los 3 millones de reales, unos 580.000 dólares.

Es por tanto contra una realidad tan poderosa y organizada que el gobierno brasileño tendrá que moverse para defender la selva amazónica y las comunidades indígenas que la habitan.

También es necesario un plan estructurado de inversiones. Los municipios de la reserva yanomami han recibido 96 millones de reales, 18,5 millones de dólares, del gobierno en enmiendas parlamentarias en los últimos tres años, pero no se sabe donde ese dinero ha ido a parar. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha denunciado ante el STF que ha perdido cerca del 50% de sus funcionarios en los últimos diez años por falta de recursos, por lo que no cumple como debería su papel de controlador en el proceso de compraventa de oro en Brasil.

En resumen, más inversión y menos despilfarro, como el del Ministerio de Comunicaciones, que ha enviado mil chips de telefonía móvil para ayudar a los yanomami a comunicarse con el resto del país, olvidando lo que señaló la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), es decir que “la región se encuentra en una zona aislada que no está atendida por operadores de telefonía móvil”.

Bastaba con informarse para saber que los yanomami necesitan teléfonos por satélite, los únicos que funcionan en la zona. Mientras tanto, la población brasileña espera que esta vez las cosas cambien de verdad en la Amazonia. Según una encuesta de Genial/Quaest publicada ayer, nueve de cada diez brasileños esperan que el nuevo gobierno aumente los controles sobre la deforestación en el pulmón verde del planeta.

Seguir leyendo: