El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrentó una de las jornadas más tensas de su mandato luego de que diversos sectores sociales y sindicales intensificaron los bloqueos de caminos y las protestas en las calles.
“Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo (...). El diálogo, la reconciliación, la certidumbre hacia el futuro es lo que tenemos que construir conjuntamente”, aseguró en un video el presidente.
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Las manifestaciones, desencadenadas por el rechazo a las nuevas políticas económicas impulsadas por el Gobierno, derivaron en exigencias de renuncia por parte de algunos grupos y en una crisis de provisión que se reflejó en el incremento inmediato de los precios de productos de primera necesidad.
Las protestas contra las políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz provocaron bloqueos en las principales rutas de Bolivia, afectando la distribución de alimentos y combustibles y generando un aumento abrupto en los precios de productos esenciales.
Según la Policía Boliviana, se registraron 67 puntos de bloqueo, y la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el impacto del desabastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto.
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Mientras tanto, la economía mostró señales de tensión. El propio presidente informó que, en el primer trimestre del año, las exportaciones del país superaron los USD 4.500 millones, un resultado que duplicó los registros del mismo período de 2025 bajo la gestión de Luis Arce.
No obstante, la recuperación anunciada por el Gobierno no logró desactivar el malestar social. Paz responsabilizó a los bloqueadores por el alza de los precios en los mercados, así como por el desempleo y las dificultades para el transporte de combustibles y alimentos.
En paralelo, una reunión celebrada en la ciudad de Cochabamba reunió a autoridades locales, representantes empresariales y sectores sociales. Durante el encuentro, se delineó una agenda de reformas legislativas que busca aprobar una decena de leyes centradas en hidrocarburos, energía y minería.
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Paz recalcó que los proyectos serían socializados con transparencia y que no contemplan privatizaciones ni incrementos en tarifas de servicios básicos, una preocupación reiterada por los detractores del oficialismo.

La situación generó preocupación en la Defensoría del Pueblo, que pidió la apertura de corredores humanitarios para ambulancias, medicamentos y alimentos. El titular del organismo, Pedro Callisaya, advirtió sobre el impacto del desabastecimiento en La Paz y El Alto, donde el precio de la carne, el pollo, el huevo, las frutas y las verduras subió de manera abrupta.
El conflicto también alcanzó a los transportistas de carga pesada. El dirigente Hugo Domingo Ramos denunció que al menos 1.200 camioneros quedaron atrapados en rutas estratégicas como Desaguadero, el corredor hacia Chile, la carretera La Paz-Oruro y el tramo hacia Copacabana.
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(Con información de EFE y El Deber)
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