La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes a la Policía Federal a interrogar al presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, importante aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, por una declaración en la que reconoció que tuvo acceso a documentos que proponían un golpe de Estado en Brasil.
La decisión del magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, fijó un plazo de cinco días para que la Policía federal escuche a Costa Neto sobre posibles planes golpistas durante el Gobierno del líder ultraderechista.
El interrogatorio fue solicitado por la propia Policía Federal luego de que el diario O Globo publicara una entrevista en la que el dirigente del partido político afirma que recibió diversas propuestas para intentar revertir el resultado de las elecciones de octubre pasado pero que trituró los documentos.
“Nunca lo comenté, pero recibí varias propuestas, por correo y en eventos políticos, sobre cómo sacar a Lula del Gobierno. Abogados me mandaban (propuestas) sobre cómo hacerlo con base en el artículo 142 (de la Constitución), pero todo fuera de la ley. Tuve el cuidado de triturarlo”, admitió el presidente del Partido Liberal.
“La propuesta que estaba en la casa del (ex) ministro de Justicia, estaba en la casa de todo el mundo”, agregó.
El presidente del PL hizo alusión a un proyecto de decreto encontrado por la Policía en un allanamiento a la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres considerado como evidencia de que Bolsonaro pretendía dar un golpe de Estado.
El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
“Las afirmaciones de Valdemar Costa Neto de que recibió proyectos semejantes, de carácter manifiestamente ilegal e inconstitucional tienen que ser aclaradas en el contexto más amplio de las investigaciones, especialmente las que se refieren a la adhesión, por parte de terceras personas, a una eventual intentona golpista”, alegó Moraes en su decisión.
El Tribunal Superior Electoral incluyó el denominado “documento golpista” hallado en la casa de Torres en una investigación que se adelanta contra el ex mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.
El ex presidente también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero pasado, cuando miles de bolsonaristas intentaron forzar un golpe de Estado contra Lula.
El cerco judicial se estrecha sobre el ex mandatario, quien se encuentra desde el 30 de diciembre en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo.
Hace unos días, la justicia brasileña pidió suspender la toma de posesión de 11 diputados vinculados al asalto a la sede de los tres poderes el pasado 8 de enero. En la solicitud se subraya la necesidad de que no se entorpezca la investigación policial.
El grupo de juristas también le solicitó a la Fiscalía que analice la posibilidad de una querella contra los diputados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), por su “participación o apoyo y difusión de actos golpistas y terroristas”.
Anteriormente, la Fiscalía de Brasil solicitó al Tribunal Supremo Federal (TSF) que investigase a tres diputados bolsonaristas por “incitar a actos antidemocráticos” tras el asalto a la sede de los tres poderes.
Según la petición, los tres diputados son sospechosos de “incitar a actos de violencia y vandalismo” a través de “publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones”, lo que podría constituir el delito de “incitación pública”.
(Con información de EFE)
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