El reclamo de un padre ante una insólita sentencia de la justicia de Daniel Ortega: “Ese no es el asesino de mi bebé”

“No, ese no es el asesino de mi hijo”, afirmó Nelson Lorío después de conocer la sentencia de 15 años de prisión que una juez nicaragüense dictó contra el joven Beyker Ferreti por el homicidio de Teyler Lorío, de 14 meses de edad.

El bebé murió como consecuencia de un disparo en la cabeza el 23 de junio de 2018, en el contexto de la represión que el régimen de Daniel Ortega desató contra las protestas que pedían su salida del poder.

Ferreti fue entregado a la Policía de Nicaragua a finales de octubre pasado por autoridades hondureñas, quienes lo detuvieron cuando el joven intentaba salir de Nicaragua. El 1 de noviembre fue puesto a la orden de la juez Ulisa Yahoska Tapia Silva, del Décimo Tercero Distrito Penal de Managua, que este 22 de diciembre lo condenó a 15 años de cárcel como presunto autor del disparo que terminó con la vida del bebé Lorío.

Nelson Lorío, sin embargo, acusa del asesinato de su hijo a paramilitares que apoyaban a la Policía de Ortega a desmontar las barricadas que pobladores del barrio Américas Uno, de Managua, habían levantado para protestar contra el régimen nicaragüense.

La mañana de ese 23 de junio de 2018, la familia Lorío Navarrete caminaba por las calles del barrio Américas Uno, de Managua, cuando el bebé fue alcanzado por el disparo de un arma de alto calibre, presuntamente ejecutado por un francotirador. Nelson Lorío cargaba a su bebé en brazo, mientras su esposa, Karina Navarrete llevaba de la mano a la otra hija, Joshuana María, de siete años.

“Esta es la tercera persona a la que le quieren achachar la muerte de mi hijo. Él no estaba presente el día de la muerte de mi hijo el día que un paramilitar con arma de fuego calibre largo le disparó a mi hijo”, afirma Lorío en un video que publicó en redes sociales tras conocer el proceso contra el joven Ferreti.

“Yo iba caminando solo por la calle con mi esposa, mi hija y mi niño en brazos. A siete cuadras de donde mi papá, se escuchó un primer disparo. Luego un segundo disparo, yo digo de francotirador por la pausa entre cada disparo, como tres segundos. Este me le pegó en la cabecita. Hubo un tercer disparo buscando rematarnos. Nosotros buscábamos dónde meternos, pero la gente por miedo no abría las puertas de sus casas. Una señora me abrió precisamente para que no nos mataran a los cuatro”, relató Lorío a Infobae.

Hasta ese momento, Nelson Lorío pensaba que la herida de su hijo era leve. De frente solo se le miraba una pequeña herida, el niño estaba vivo, y parecía que quería decir algo, pero no salía sonido alguno. Una vez en la casa de la señora que les abrió la puerta, colocaron el niño boca abajo y pudieron ver que tenía la cabeza destrozada, y la masa encefálica expuesta. “Fue un tiro explosivo. Me le desbarató la cabecita. Ahí perdí las esperanzas”, dijo el padre.

Desesperados, montaron a la madre y el niño agonizante en una moto y los llevaron al hospital Alemán. Ahí, al poco tiempo, les dijeron que había fallecido y les entregaron una copia del acta de defunción que registraba “sospecha de suicidio” como la causa de la muerte. Los padres incluso denunciaron este hecho en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Sin embargo, poco después, la pediatra que firma el acta de defunción, doctora Tammy Tijerino, aseguró que se trataba de un error ocasionado por el movimiento del papel carbón, y que el verdadero registro del acta de defunción fue: “Otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa”.

“El Ministerio de Salud emite un acta donde ponen “sospecha de suicidio”. ¡Un niño de 14 meses se puso una pistola en la cabeza y se disparó! Y en la manito le habían puesto una pulsera que decía “herida de arma blanca”, reclama Lorío no convencido aún con la explicación oficial.

En esos días, que se llegaron a acumular más de 300 muertes como consecuencia de la represión, los hospitales públicos y el Instituto de Medicina Legal, evitaban reconocer como causas de muertes las heridas de bala u otras que, según organismos de derechos humanos, pudieran ser usadas como pruebas contra las fuerzas policiales y paramilitares en juicios posteriores.

“Fue una desgracia. Yo tenía planeado algo para el 23 (de junio) que se celebra en Nicaragua el Día del Padre. Fue mi primer hijo varón. Lo luché como cinco años para que mi esposa pudiera quedar embarazada. Luché cinco años para que el Señor me lo diera y en 14 meses un criminal me lo arrebata de un solo disparo. Mi hija se traumatizó y es a la fecha y no lo supera”, reclama el padre.

Según organismos como la Coordinadora de la Niñez de Nicaragua (Codeni) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos 24 menores de 17 años fueron asesinados en Nicaragua durante la represión a las protestas populares de 2018. Entre ellos, una niña de dos años, un bebé de 14 meses (Teyler Lorío) y otro de cinco meses.

Las desgracias para la familia Lorío Navarrete no terminaron con la muerte del bebé, sino que, al contrario, comenzaron.

“Al muchacho que grabó el video lo secuestraron para que dijera que fue la gente de los tranques (barricadas de los opositores al régimen de Daniel Ortega) la que disparó, pero él no dio otra versión”, dice Lorío.

Al abuelo del niño asesinado, don Jaime Lorío, lo citó la Policía y una vez en la comisaría le infotrmaron que ya sabían quién había matado a su nieto. “Le dijeron que eran los tranqueros que estaban en el sector de la Upoli (universidad). Y que estaban en Costa Rica. Pero eso es mentira. La versión que vimos nosotros es la que vale”.

“No soy tan mala persona para decir que fue alguien que no fue. No va a pagar justo por pecador. Tiene que pagar el que me hizo esto”, señala. “Fue el Estado por medio de una orden directa de Daniel Ortega”.

Nelson Lorío afirma que desde la muerte de su hijo fue constantemente acosado por la Policía para que cambiara su versión de los hechos, y culpara a opositores del crimen. Ese acoso lo llevó salir de Nicaragua con toda su familia en diciembre de 2021.

En el juicio no se incorporó la versión de la familia Lorío Navarrete y la sentencia de la jueza se basó en el testimonio de cinco policías y un hombre que Lorío describe como “militante sandinista”.

“Quiero denunciar ante los organismos internacionales de derechos humanos el inicio en Nicaragua de un juicio espurio sin ninguna evidencia y ante autoridades sin ninguna moral ni credibilidad del cual quieren culpar a un joven sobre el crimen de mi hijo el cual aun está impune”, denunció a través de redes sociales, desde su exilio en Miami, Estados Unidos.

Asimismo, la abogada Yonarqui Martínez recordó que el joven Beyker Ferreti ya había sido detenido en 2018 y fue usado para testificar contra otros opositores. Posteriormente fue liberado. Se exilió en Costa Rica y en octubre pasado aparentemente estaba tratando de llegar a Estados Unidos cuando fue detenido en Honduras.

Martínez hizo notar que el juicio contra Ferreti viola la misma ley 996 aprobada por el régimen en junio de 2019, que concedió “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”.

“La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la presente Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata”, añade la ley que no fue tomada en cuenta en el juicio.

Nelson Lorío espera que un día haya verdadera justicia para su hijo. “Yo sueño con una Nicaragua libre donde mi hija ande con su bandera, tranquila, y que pueda caminar por las calles sin que nadie le dispare. Y pienso algún día ver sentados en el banquillo de los acusados a la familia en el poder, a todo el aparataje, a los principales líderes de la Policía y el Ejército”.

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