Grupos de asaltantes que obedecen a Evo Morales ocupan haciendas y tierras de propiedad privada en una guerra no declarada que se libra en Bolivia y que incluye secuestro de periodistas.
Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, dijo que los avasalladores de tierras han optado por capturar a periodistas y secuestrarlos para evitar que se difundan las noticias de esta guerra contra la propiedad privada.
“(Estos grupos) no quieren ver una cámara filmando o fotografiando y actúan como delincuentes porque están avasallando terrenos que no son de su propiedad”, dijo Glasinovic.
Los asaltos abarcan seis de los nueve departamentos de Bolivia y han recrudecido desde que Morales ha perdido el apoyo de su partido para ser candidato en 2025, ahora que el presidente Luis Arce ha tomado el control del Movimiento al Socialismo (MAS).
La analista Susana Seleme asegura que Morales y sus seguidores quieren abrir un frente de batalla contra el modelo económico de Santa Cruz, basado en el libre mercado, pero sobre todo en la irrestricta vigencia de la propiedad privada.
Los guerreros de Morales quieren debilitar ese modelo económico amenazando a su valor principal. Está cada vez más claro que el conflicto político boliviano se reduce a la propiedad privada.
Pero esta guerra no es solamente boliviana. El semanario Siglo 21 dice que ahora se está demostrando que Iván Duque, ex presidente de Colombia, tenía razón cuando decía que la corriente del “socialismo del siglo XXI”, el Foro el Sao Paulo y el Grupo de Puebla son en realidad la “transnacional del crimen organizado”.
Y alude a los grupos paraguayos del crimen organizado que ahora se proponen tomar el poder en ese país respaldados por la acción del terrorismo iraní y los cárteles de la droga que operan en ese país. Los grupos vinculados con la toma del poder por parte del crimen organizado están tomando tierras privadas en Paraguay, según el fiscal antimafia, Marcelo Pecci.
También menciona el semanario a los radicales peronistas que sueñan con ocupar toda la tierra cultivable en Argentina.
La geografía Sudamericana está cubierta por esta guerra del crimen organizado.
Quienes gobiernan Venezuela son los administradores del modelo de Hugo Chávez y sus órdenes de “exprópiese” la propiedad privada, mientras en Colombia las FARC y ELN, que siguen en guerra con el ejército por el control de territorios, o el poderoso PCC de Brasil que ha ocupado gran parte de Bolivia y administra el flujo de droga peruana y boliviana destinada a Europa.
En Bolivia, la Fundación Tierra reportó que se registraron conflictos por tierras en al menos seis de los nueve departamentos bolivianos y alertó que si la pasividad del Gobierno se mantiene, se corre el riesgo de que el conflicto se “colombianice”, es decir, que surjan grupos armados, como las FARC y ELN, para defender los intentos de toma violenta de los predios privados.
“El siguiente camino es lo que ya he señalado: vamos a ir rumbo a lo que ha sido en Colombia, que surgen grupos armados tomando tierras y luego otros grupos armados para defenderlas. Eso es lo que pasó en Colombia y yo tengo el miedo de que estemos en esa ruta”, dijo Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra-Regional Oriente.
De acuerdo con los datos del Gobierno, los departamentos donde se registraron avasallamientos de tierras son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Beni y Pando.
Los cultivadores de caña de azúcar aseguran que por lo menos cien predios privados han sido avasallados por los guerreros de Morales en Santa Cruz y dicen que los defenderán por la fuerza. En Cochabamba hay de dos a tres tomas de tierra cada semana; este año se produjeron dos avasallamientos en el municipio de La Paz y uno en el norte del departamento; lo mismo sucedió en Oruro, Beni y Pando.
“Es preocupante: no hay intervención del Ministerio Público ni de las fuerzas policiales, la Policía está de espectadora de los enfrentamientos, y los enfrentamientos hasta ahora han sido a palos, han sido con petardos, pero cualquier momento esto va a subir de tono”, dijo Vadillo.
A todo esto, el gobierno boliviano se propone detener a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, incluido el gobernador, acusándolos de haber paralizado la economía en las protestas por la fecha del censo.
El gobierno está tomando partido en esta guerra que tendrá a Santa Cruz como su principal frente de batalla.
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