El Senado de Bolivia aprobó este martes una ley sobre el censo de población y vivienda, como ya lo había hecho la Cámara de Diputados, que permitió la suspensión del paro en Santa Cruz, motor económico del país, que asumió esa medida de presión por 36 días, y ahora la norma será remitida al Ejecutivo para su promulgación.
El pleno de la Cámara de Senadores analizó el proyecto de ley sobre el censo, que tenía un solo artículo, para lo que se había pedido la “dispensación de trámite” para que la norma no fuera tratada en una comisión.
Los senadores aprobaron por mayoría la dispensación del trámite y empezaron a analizar la ley, aunque algunos considerados del ala del ex presidente Evo Morales, como el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, se abstuvieron de votar.
“Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho que diga ‘aprueben’ o del hermano Evo que diga ‘no aprueben’, es una postura particular de cada miembro del Movimiento al Socialismo (MAS)”, expresó Rodríguez en el momento de poner en consideración el análisis del proyecto.
Luego de al menos cuatro horas de instalada la sesión se realizó la votación y 22 de los 36 senadores votaron a favor de la ley, lo que significa que por mayoría se aprobó en “grande” la propuesta de norma.
Posteriormente, la Cámara de Senadores revisó “en detalle” el proyecto de ley y luego de escuchar las consideraciones de los parlamentarios se realizó nuevamente la votación en la que 21 votaron a favor de la norma.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores la Cámara revisora queda sancionada la presente ley, remítase al órgano Ejecutivo para fines constitucionales para su promulgación”, expresó Rodríguez.
Al final hubo una solicitud para una moción de “reconsideración de la ley” que no obtuvo una mayoría de votación, por lo que fue rechazada.
La aprobación en la Cámara de Diputados el pasado fin de semana, con dos tercios de los votos, puso fin a la huelga indefinida en Santa Cruz, que exigía que el censo se realizara en 2023, aunque el presidente Luis Arce definió la fecha de la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024.
El Gobierno había fijado inicialmente el censo para este mes, pero en julio lo postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos y la necesidad de “despolitizar” el proceso, lo que provocó la protesta sobre todo en Santa Cruz.
La ley del censo ha venido acompañada de polémica y enfrentamientos en Santa Cruz, la principal región económica del país y donde la oposición se ha hecho fuerte en las últimas semanas con una serie de protestas en las que se exigía el adelanto del censo.
La legislación boliviana estipula que el censo poblacional debe realizarse cada diez años, si bien el último se produjo en 2012. El recuento de habitantes podría derivar en la ampliación de recursos económicos, así como un reajuste de la representación en el Parlamento.
Con la aprobación de la ley del censo se da el primer paso para llevar a cabo este mecanismo, aunque por el momento todo apunta a que se seguirá adelante con el plan del Gobierno y el recuento de población se llevará a cabo en marzo de 2024, a pesar de las críticas.
(Con información de EFE y Europa Press)
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