La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció abusos contra la prensa

Señaló que persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones y manipulación judicial para “intentar amedrentar y acallar a los medios”

Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)

Los periodistas de Bolivia exigen al gobierno de Luis Arce frenar los hechos de violencia y censura que sufren de parte de grupos vinculados al partido MAS y le conminan a respetar la ley que garantiza la libertad de expresión.

Asociaciones de periodistas de los nueve departamentos de Bolivia se reunieron en La Paz y redactaron un documento que en que enumeran algunos de los atropellos y amenazas que sufre el sector, incluso secuestros y acoso judicial.

El documento asegura que la policía y la justicia forman parte del sistema creado por el gobierno para amedrentar a los periodistas y presionar a los medios de comunicación independientes, a los que, además, trata de asfixiar económicamente.

El exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana dijo en el de Tv canal Abya Yala, obsequiado por el gobierno de Irán a Evo Morales, que los diarios independientes Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario lavan el cerebro de los bolivianos y son “hegemónicos y decrépitos” (sic).

Los funcionarios del gobierno boliviano llaman “hegemónicos” a los medios que gozan de la preferencia del público, una moda copiada de la prédica peronista en Argentina.

La primera parte del documento de la Asociación Nacional de Periodistas y de las asociaciones departamentales de todo el país dice que las autoridades presionan para que periodistas revelen la fuente de sus noticias y los amenazan con privarlos de libertad si es que no lo hacen, lo que va contra la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano.

“Por primera vez en 40 años tras la recuperación de la democracia, se produjo el secuestro y tortura de periodistas por parte de encapuchados armados conocidos como “interculturales”, vinculados al oficialismo, en el predio de Las Londras, Santa Cruz, que hasta ahora se mantiene en la impunidad.”

Además, el documento denuncia:

“En las últimas semanas se han generado más de 40 ataques físicos y verbales contra periodistas durante el paro cívico cruceño por el censo. Ninguno de esos casos ha terminado con sanciones a los responsables.”

El gobierno maneja a su antojo a la justicia, denuncia el opositor José Carlos Sánchez, y los periodistas comparten ese criterio pero además mencionan otros atropellos:

Persisten las medidas de acoso judicial, asfixia económica, presiones directas e indirectas y manipulación de la justicia para intentar amedrentar y acallar a los medios de comunicación y periodistas.”

La Ley de Imprenta está vigente desde 1925, garantiza la libertad de expresión y crea para los periodistas un fuero especial: los Tribunales de Imprenta, que el gobierno del MAS se ha propuesto ignorar y decidió aplicar en todos los casos la justicia ordinaria.

Los “interculturales” a los que se refiere el documento son grupos que obedecen al expresidente Evo Morales y se ocupan de avasallar tierras de Santa Cruz para que el gobierno las conceda en propiedad a los cultivadores de coca.

Por todo ello, los periodistas exigen al presidente Arce restablecer el ejercicio de la libertad de expresión en el país y sancionar a quienes ejercen violencia para censurar el trabajo del periodismo.

También piden al Ministerio Público un informe sobre los casos abiertos por presión del gobierno contra periodistas en todo el país.

Pero sobre todo piden los periodistas al gobierno que instruya a las fuerzas policiales garantizar la seguridad de todos los periodistas y trabajadores de la prensa en su trabajo cotidiano.

Las asociaciones de periodistas decidieron crear un equipo jurídico para ponerlo al servicio de sus colegas que sean amenazados por el gobierno o sus funcionarios.

Desde que llegó al poder, el MAS ha comprado medios de comunicación a través de testaferros, como el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, que adquirió el diario La Razón y lo convirtió en un pasquín a su servicio, manejado por el exvicepresidente Álvaro García Linera. También compró, a través del mismo empresario, la red ATB de televisión, que es manejada por otro testaferro.

Con dinero de Venezuela e Irán, el MAS creó 105 radioemisoras “comunitarias”, a cargo de dirigentes del partido, con equipos comprados por el Estado y gastos cubiertos por el Ministerio de la Presidencia. Para ello, tuvo que reducir el espacio que ocupan las frecuencias de las emisoras.

Funcionarios de impuestos tienen oficinas permanentes en los diarios independientes, donde aplican multas por todo y por nada, mientras el gobierno los excluye de la publicidad oficial y llega a amenazar a empresas privadas que ponen sus avisos.

La situación del periodismo es peor, en este momento, a la que se daba en algunas dictaduras militares del pasado. Se da el caso de un diario, “Sol de Pando”, que opera en el exilio, en Brasil.

Ahora, los periodistas exigen que se ponga fin a esta dictadura que afecta a los medios independientes.

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